Hay políticos que, cuando gobiernan, no les entra en la cabeza que las radios y televisiones públicas no son de su propiedad ni están obligadas a hablar bien siempre de ellos y a no criticar su gestión cuando lo merezcan. Las leyes correspondientes dejan bien claro que esos medios deben ser independientes del Gobierno de turno -tanto RTVE como los de ámbito autonómico o municipal-, pero existen gobernantes que no pueden resistir la tentación de intentar controlarlos o influir en ellos. Y hasta llegan a hacer el ridículo en ese intento, como ha hecho la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Hace pocas semanas que en esta columna se leía que la presidenta madrileña «no ha terminado de salir de un charco cuando ya ha pisado otro». Hoy está de nuevo aquí porque, una vez más, lo ha vuelto a hacer: se ha metido en otros charcos.

Un ejemplo: Telemadrid. La televisión pública madrileña perdió su credibilidad y gran parte de su audiencia hace una década, cuando Esperanza Aguirre presidía el Gobierno regional tras el famoso tamayazo y esa televisión llegó a unos niveles de manipulación informativa escandalosos, controlada por el PP. Ahora, en su nueva etapa y con una nueva ley, lleva casi tres años intentando salir a flote de aquel hundimiento, y lo va logrando lentamente porque cuesta mucho trabajo recuperar credibilidad cuando antes la han pisoteado. Pero, por lo que se está viendo, Díaz Ayuso parece trabajar más para desprestigiarla que para su recuperación.

Las clases de costura de la infanta Elena

En el programa Aquí hay madroño, de Telemadrid, repasan las noticias del corazón en tono de humor. En él comentaron recientemente que la infanta Elena asiste a una academia de costura donde recibe clases de ganchillo, bordado, punto de cruz y otras labores, mientras una voz en off bromeaba con estas palabras: «Elena, llévate mucho cuidado, cariño, que estás al borde de la tercera edad. De aquí a bordar las iniciales en las braguitas de Victoria Federica [su hija] hay una línea muy delgada».

A Díaz Ayuso no le gustó esa broma y, ni corta ni perezosa, envió una carta al director general de Telemadrid en la que le dice que la pieza que dedicaron a la hermana del rey fue «realmente lamentable». Añade que diría eso mismo si hubieran hablado de cualquiera, pero que al referirse a una persona de la monarquía «unas escenas y unos comentarios como los que habéis emitido se convierten en claramente incomprensibles y, mucho más, al tratarse de una cadena pública».

¿Tal vez Díaz Ayuso vio el programa en un momento en que no estaba de buen humor, no le gustó ese comentario jocoso y reaccionó escribiendo la carta, sin pensarlo mucho? No. No ocurrió eso, porque envió su protesta cinco días después del programa y, además, porque cuando la publicó Abc y fue preguntada por los periodistas reiteró su contenido y añadió: «El trato que se ha dado a la hermana del Rey es calumnioso e innecesario». ¿Calumnioso? Pero si el Código Penal y la Real Academia de la Lengua dicen que calumniar es acusar a alguien de cometer un delito para causarle daño, a sabiendas de que eso es falso, ¿dónde ve una calumnia en ese comentario?

Olvida la presidenta madrileña que los jueces y tribunales han sentenciado en numerosísimas sentencias que, aunque una crítica o comentario moleste o sea ofensivo, grosero y de mal gusto, no puede ser restringido salvo en casos muy excepcionales porque la libertad de expresión lo ampara. Menos aún si es una crítica humorística.

Sorprende que Díaz Ayuso -que es licenciada en Periodismo- no tenga en cuenta esa doctrina y parezca inclinarse por lo que han hecho otros dirigentes de su partido en los últimos años: perseguir penalmente a raperos por las letras de sus canciones y a personas que han difundido en las redes sociales mensajes de mal gusto, prohibir conciertos de determinados cantantes, censurar algunas obras de teatro y exposiciones… Afortunadamente, la Justicia ha puesto las cosas en su sitio en varios casos de esos y ha declarado la inocencia de esos artistas. Límites a la libertad de expresión, sólo los necesarios y que estén justificados, porque son límites a la democracia. La presidenta madrileña debería saberlo y aplicarlo.

Telemadrid, un «servicio público esencial» que Díaz Ayuso niega

Habrá quien opine que este asunto es una simple anécdota sin importancia que no merece la pena comentar. Pero es algo más, porque deja entrever la idea que tiene Díaz Ayuso de la televisión pública. Lleva solo dos meses en el cargo y ya ha hecho varios comentarios nada favorables a Telemadrid. Un ejemplo: ha dicho que Telemadrid  «ya no es un servicio público esencial», porque la oferta informativa está muy fragmentada y existen plataformas de pago como HBO o Netflix.

No tiene en cuenta la presidenta madrileña que la  mayoría de la población no está suscrita a esas televisiones de pago, que esas plataformas no van a informar de los problemas o las fiestas de los pueblos madrileños y, sobre todo, olvida que la Ley de Radio Televisión Madrid de diciembre de 2018 -que precisamente ella defendió en la Asamblea autonómica en nombre del PP cuando fue debatida y aprobada- define a la televisión pública como «un servicio esencial de interés económico general».

Cada vez que ella habla de Telemadrid, desde su gabinete aclaran que no barajan la idea de estudiar un hipotético cierre de esa cadena pública y que Díaz Ayuso solo quiere que sea un medio austero, justifique bien sus gastos y tenga audiencia suficiente. Pero, por mucho que quieran justificarla, cada vez que ella se refiere a Telemadrid inquieta y cabrea a directivos y trabajadores de la cadena. Y con razón.