A estas alturas de la película -y la película es la democracia española-, es más que urgente que el Gobierno y la oposición acuerden medidas concretas para combatir con eficacia la corrupción política. Si continúan siendo incapaces de hacerlo, porque actúen más por razones de partido que por el interés general, la democracia seguirá debilitándose, lo que conlleva riesgos y peligros, y aumentará la ya elevadísima desconfianza de la ciudadanía hacia los partidos y los políticos.
Imagínense lo que habrá pensado un ciudadano extranjero que haya llegado a España en los últimos días y haya leído o escuchado en los medios de comunicación cosas como éstas:
22 MILLONES SIN DECLARAR A HACIENDA
– «Caso Bárcenas»: el fiscal general del Estado ha ordenado a la Fiscalía Anticorrupción que investigue si el extesorero del PP Luis Bárcenas pagó sobresueldos en dinero negro a dirigentes del partido y altos cargos. Hay que recordar que el juez ha descubierto que tenía en un banco suizo 22 millones de euros ocultos a la Hacienda española.
– «Caso Urdangarin»: el juez que investiga los negocios del yerno del Rey ha citado a declarar como imputado a Carlos García Revenga, asesor personal de las infantas Elena y Cristina que fue tesorero del Instituto Nóos, la empresa que el magistrado quiere saber si era utilizada por Iñaki Urdangarin para apropiarse de dinero público. En principio, que comparezca como imputado no significa que haya cometido un delito sino únicamente que debe acudir con abogado por si de su declaración se pudiera desprender alguna acusación contra él.
CONTRATADOS POR “ENCHUFE”
– «Caso Baltar»: el expresidente del PP de Orense y de la Diputación Provincial, José Luis Baltar, está siendo investigado por haber contratado en 2010 para esa corporación provincial a 104 personas afines al PP, presuntamente para que apoyaran a su hijo en el congreso de ese partido que se iba a celebrar poco después y que, efectivamente, ganó.
– Chipiona: la ex alcaldesa socialista de esa localidad gaditana, Dolores Reyes Ramos, ha sido condenada a siete años de inhabilitación especial por un delito continuado de prevaricación, porque aprobó la contratación de 345 personas en su ayuntamiento a pesar de que los informes técnicos y jurídicos decían que no lo podía hacer.
– CiU: la Audiencia Nacional ha visto indicios de que el diputado autonómico de CiU Xavier Crespo, cuando era alcalde de Llret de Mar (Barcelona), exigió a Andrei Petrov -un ruso residente allí y recientemente detenido bajo la acusación de haber blanqueado dinero de la mafia rusa- que patrocinara con importantes cantidades de dinero a los equipos locales de hockey y de fútbol a cambio de darle un trato de favor en concesiones urbanísticas.
GOLFERÍAS, CHANCHULLOS Y OTROS LÍOS
Por si ese ciudadano extranjero recién llegado a España no se ha sorprendido lo suficiente tras conocer esas noticias, también habrá podido leer o escuchar que la Fundación Ideas, del PSOE, ha sido presuntamente engañada por un golfo listo y pagaba 3.000 euros a una inexistente analista política por cada artículo, una cantidad que no ha cobrado jamás en España ningún periodista ni siquiera Francisco Umbral, el columnista más prestigioso; que el Tribunal Constitucional ha suspendido provisionalmente la decisión del Gobierno autonómico de Madrid (PP) de cobrar un euro por cada receta a los ciudadanos, a pesar de que ya pagan sobradamente impuestos, en contra de las directrices de Mariano Rajoy; que muchos medicamentos, entre ellos algunos de los más consumidos, han subido notablemente su precio después de que el Gobierno decidiera excluirlos de la lista de los que son financiados con dinero público; que la Generalitat catalana ha solicitado al Gobierno central una ayuda de más de 9.000 millones de euros para 2013 al mismo tiempo que su presidente, Artur Mas, ha puesto en marcha su disparatada huida hacia delante para intentar conseguir un inalcanzable Estado independiente de Cataluña en Europa; y etcétera, etcétera, etcétera…
Ante un panorama como éste, el PP y el PSOE siguen tirándose los trastos a la cabeza a diario y ofreciendo pactos y acuerdos que después no son capaces de llevar a cabo. No es de extrañar que la ciudadanía esté más que harta e incluso y es comprensible, aunque no justificable, que resuma su indignación diciendo eso tan socorrido y demagógico de que “todos son iguales”.
No es verdad: hay muchos políticos trabajadores y honrados que intentan mejorar la situación de su pueblo, su comunidad y su país, pero ese trabajo queda eclipsado por los golfos que cada día saltan a los medios de comunicación. El Gobierno, el PP y el PSOE son, más que nadie, los que pueden cambiar esa imagen y tienen la obligación de hacerlo. Están tardando.
Y EN CASTILLA-LA MANCHA…
Ha hecho bien la alcaldesa de Ciudad Real, Rosa Romero (PP), en responder a las acusaciones del PSOE aclarando que entre 2002 y 2003 cobró más de 25.000 euros de su partido cuando era la responsable de Política Municipal del mismo, además de percibir su salario como diputada nacional, pero que fue dinero legal y declarado a Hacienda y no dinero “negro” como ha dicho la socialista castellanomanchega Blanca Fernández.
El PSOE puede y debe exigir que los políticos cobren únicamente un sueldo, como vienen pidiendo a la presidenta María Dolores de Cospedal (que lo cumple desde hace tiempo), pero hay que pedirle más rigor en sus acusaciones. Poner en marcha el ventilador para que se extienda la mierda y acusar sin datos, en vez de denunciar ante el juez cualquier posible delito que conozcan, no perjudica a sus adversarios políticos sino a la democracia.