Durante su intervención en el pleno de las Cortes, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha detallado que esta nueva norma se marca tres objetivos, que pasan por «simplificar la maquinaria administrativa» en lo relacionado a la contratación pública; dotar a los funcionarios de posibilidad de movilidad laboral al objeto de sacar el mayor partido posible a los recursos humanos con los que cuenta la Administración regional, y reforzar aspectos de coordinación, para lo cual se ha creado una comisión delegada del Gobierno regional para fondos europeos.
«La celeridad que exigen»
Para Ruiz Molina, este proyecto de ley es muy importante, ya que sirve para «poner a punto la maquinaria administrativa» para «afrontar el reto de los fondos europeos», por dos motivos, en primer lugar por la importancia de los recursos desde el punto de vista cuantitativo y, en segundo lugar, por la celeridad que exigen a la hora de gestionar esos fondos.
Asimismo, el consejero ha detallado que esta ley se divide en dos partes, por un lado la centrada en «la pura gestión de los fondos europeos» y por otro, lo que habitualmente se incluye en la ley de acompañamiento al presupuesto.
En este sentido, ha rechazado las críticas formuladas por la oposición sobre falta de transparencia e inseguridad jurídica, toda vez que Cs y PP critican que mediante disposiciones adicionales se modifiquen otras leyes que no tienen nada que ver con los fondos europeos, si bien el consejero ha defendido que esta ley «ha pasado todos los trámites» legales establecidos.
«¿Duda de la honorabilidad de los empleados públicos?»
Especialmente crítico se ha mostrado con el portavoz de Cs en las Cortes, David Muñoz, al que la ha afeado que, en su argumento de establecer controles para gestionar los fondos, con el objetivo de que no se dé corrupción, y crear una agencia independiente compuesta por tecnócratas para dicha gestión, duda de la honorabilidad de los empleados públicos.
Con todo, Ruiz Molina ha incidido en que la ley que este jueves se ha aprobado es «una herramienta para que, con medios propios» la Administración regional pueda hacer frente a gestionar los fondos europeos Next Generation, que buscan hacer frente a los efectos de la pandemia e «impulsar con firmeza un cambio en el modelo productivo y la modernización de la región».
«El correcaminos de los dibujos animados»
Sin embargo, el diputado «popular» en las Cortes Miguel Ángel Rodríguez ha cuestionado que «una cosa es ser ágil y otra es ser el ‘correcaminos’ de los dibujos animados, porque pretenden salir corriendo», a pesar de «los riesgos que conlleva en la gestión de los fondos públicos y la contratación pública».
Rodríguez, que ha defendido asimismo la veintena de enmiendas parciales de su grupo que han llegado vivas a este pleno de las Cortes que finalmente no han sido aprobadas, ha rechazado que en la ley se introduzcan «por la puerta de atrás» otras cuestiones que no están relacionadas con los fondos europeos, como por ejemplo, la creación de una agencia de la energía o «cambiar prácticamente entera» la ley de medios audiovisuales.
«La filosofía es buena, los objetivos son loables, pero discrepamos con la forma de llegar a ellos», ha resumido Rodríguez para justificar su voto en contra.
«Elegir entre una gestión politizada y una alternativa liberal»
También el portavoz de Cs ha argumentado el voto en contra de su grupo a esta ley al recordar que Cs presentó una enmienda a la totalidad con texto alternativo a la norma, de forma que, según ha considerado, en ese momento se pudo «elegir entre una gestión politizada y una alternativa liberal», que según su análisis encarnan el PSOE y el Gobierno regional, por un lado, y su formación, por otra.
«No era una enmienda a la totalidad al proyecto de ley, sino una enmienda a cómo se ha comportado el gobierno con los fondos europeos. Estos fondos no son para las próximas elecciones, son para la próximas generaciones», ha espetado Muñoz, que también ha defendido las enmiendas parciales que su grupo ha mantenido vivas para este debate, pero que tampoco han sido aprobadas.
Para Muñoz, el grupo socialista ha aplicado «el rodillo» en este asunto y si bien ha admitido que «están legitimados, porque es el juego de la democracia», ha denunciado que no han atendido sus peticiones de información o de comparecencia.
Sin embargo, el presidente del grupo socialista en las Cortes, Fernando Mora, que ha defendido el dictamen de la ley que se aprobó en Comisión, ha valorado que la llegada de estos fondos supone que para esta crisis se ofrece una salida socialdemócrata, frente a la de 2008 que tuvo una «perspectiva liberal», y ha resaltado la importancia de aprobar esta ley para afrontar la gestión de los mismos con «agilidad, eficacia y transparencia».