El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de ley para reducir la jornada laboral máxima legal a 37,5 horas semanales, que afectará a medio millón de trabajadores de Castilla-La Mancha, sin tener cerrados los apoyos parlamentarios para su entrada en vigor.
Una responsabilidad que en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha atribuido al PP, ya que con Junts ve margen para la negociación.
El Gobierno sigue buscando los apoyos
Díaz ha dejado claro que el Gobierno está negociando con todos los grupos parlamentarios para buscar los apoyos necesarios con los que sacar adelante esta norma que, ya de entrada, se encontrará con la enmienda a la totalidad anunciada por Junts y con el rechazo del PP.
«El Gobierno ha cumplido (…) ha hecho lo que tenía que hacer», ha subrayado Díaz que ha interpelado directamente al PP de cara al trámite parlamentario que ahora encara la norma: «¿Va a maniobrar el señor Feijóo para tumbar la reducción de la jornada como hizo con la reforma laboral? Está en las manos de 137 diputados del PP».
A su juicio, «cuando alguien practica la política como arma de destrucción se convierten en la nada», refiriéndose al PP, al que le ha pedido su apoyo ahora que «tiene la oportunidad de demostrar si prefiere golpear al Gobierno o cambiar la vida de la gente».
Díaz ha asegurado que esta iniciativa, fruto del acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos -del que se descolgó la patronal-, «avanza en una España que va a ser mejor, modernizamos las empresas, el mundo del trabajo y ayudamos a que la gente sea un poco más feliz».
Ha reconocido que la norma tiene «poderosos adversarios», pero ha añadido que «ahora la voz la tienen las formaciones políticas» y se ha mostrado segura de que su tramitación servirá para abrir «un debate de país».
Y preguntada por el veto presentado por Junts, ha dicho que «hay margen para la negociación» y ha apuntado a que esta enmienda a la totalidad forma parte de los entresijos de las negociaciones.
«Nadie se atreve a decir que está en contra (…) no lo dicen porque esta norma está ganada en la calle», ha apuntado.
«Hay margen para la negociación», ha enfatizado Díaz, que ha apuntado a las ayudas a empresas como uno de esas herramientas de negociación.
Una norma que afecta a 12 millones de trabajadores
«El Gobierno sabe muy bien a quien representa (…) es el Gobierno de los trabajadores», ha añadido la titular de Trabajo que ha enfatizado que la norma afecta a 12 millones de personas, de los que la mitad se concentran en Madrid, Andalucía y Cataluña.
En Castilla-La Mancha serán un total de 548.000 trabajadores afectados, y es la octava comunidad autónoma con mayor número de beneficiados, según los datos de la Encuesta de Población Activa de 2023 aportados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, por delante de otras como Murcia, Baleares, Aragón o el País Vasco.
Díaz también ha incidido en que la norma afecta especialmente a las mujeres, con peso mayoritario en el empleo a tiempo parcial, y a sectores claves como el comercio, la industria, la hostelería o la construcción.
Asimismo, ha destacado que el cambio se enmarca en un contexto de incremento de los márgenes empresariales que han crecido, ha ejemplificado, un 24 % desde 2019 en el caso del comercio, un 35 % en la hostelería o del 36 % en el de la agricultura.
En promedio, añade Trabajo, la reducción de la jornada laboral será del 2,1 %, que equivale a 48 minutos por semana.
Desde el año 1983, subrayan, la productividad real por hora trabajada ha aumentado en España un 53 % mientras que la remuneración real de los asalariados solo un 22 %.
La nueva norma incluye mejoras en el registro de jornada, para hacerlo digital y accesible en remoto para el trabajador y para la Inspección de Trabajo, convirtiéndolo en «un instrumento esencial para garantizar el cumplimiento de la normativa de tiempo de trabajo».
Además, se garantiza de manera más efectiva el derecho a la desconexión digital, al tiempo que se aumentan las sanciones por el incumplimiento de la medida, haciendo que sean aplicadas por persona trabajadora y no por empresa como hasta ahora.