La Oficina del Censo Electoral ha detectado incrementos significativos e injustificados de población en 183 entidades locales españolas (33 en Castilla-La Mancha) en los seis meses anteriores a la convocatoria de las elecciones del 24 de mayo, de lo que ha dado cuenta a la Junta Electoral Central.
En esta relación de entidades hay 21 municipios de Guadalajara, 11 de Cuenca y uno en Albacete, Ayna.
En Cuenca se han detectado incrementos de población en Alconchel de la Estrella, Canalejas del Arroyo, Casas de Guijarro, Monteagudo de las Salinas, Paracuellos, El Valle de Altomira, Salinas del Manzano, Tresjuncos, Valhermoso de la Fuente, Villar del Humo y Villar y Velasco.
En Guadalajara, en Albares, Algar de Mesa, Berninches, Cantalojas, Cobeta, Gascueña de Bornova, Hiendelaencina, Jirueque, Matarrubia, Matillas, Millana, Mochales, Peñalén, Pozo de Almoguera, Prádena de Atienza, Retiendas, Tordelrábano, Valdegrudas, Valfermoso de Tajuña, Valhermoso y Valverde de los Arroyos.
La Ley Orgánica de Régimen Electoral (LOREG) establece que la Oficina del Censo Electoral debe controlar y revisar de oficio las altas y bajas en el censo electoral y comunicar a la Junta Electoral Central las modificaciones en el censo de las circunscripciones que hayan determinado una alteración del número de residentes significativa y no justificada.
En esa relación se incluyen las entidades locales que en los seis meses previos a la convocatoria de elecciones no han respondido a los requerimientos de la oficina, dependiente del Instituto Nacional de Estadística, para explicar su incremento de población o han dado respuestas insatisfactorias.
Para el control de las altas, se ha establecido un sistema de alertas que se aplica únicamente a municipios de menos de 2.000 habitantes y que analiza los movimientos crecientes o decrecientes en las inscripciones.
Por ejemplo, en un municipio de entre 100 y 250 habitantes la alerta saltaría cuando hubiera un incremento poblacional superior a periodos anteriores en cinco electores. En uno de entre 1.000 y 2.000 vecinos ese incremento se considera sospechoso cuando supera los veinte en relación con el período anterior.
De acuerdo con los datos remitidos por la Oficina del Censo Electoral a la Junta Electoral Central, la mayor parte de las entidades locales sospechosas, en concreto 78, son de la provincia de Burgos y buena parte de ellas (unas 60 del total) tienen un rango inferior al municipio.
Además hay 29 entidades de la provincia de León, 19 de Palencia, 6 de Cantabria, 5 de Segovia, 3 de La Rioja, 2 de Zaragoza y Jaén, y una de Asturias, Pontevedra, Teruel, Ávila, Almería y Castellón, sin citar a las de Castilla-La Mancha.
Una vez conocida la lista, los representantes de las candidaturas pueden impugnar ante la Oficina del Censo Electoral el censo de esas entidades. Es el caso de Riaño, en León, donde se ha dado de baja temporal del censo de forma temporal a personas inscritas residentes en otras poblaciones, han indicado a Efe fuentes municipales.
Otro pueblo es Ayna, en la sierra de Albacete, cuyo alcalde, Emiliano Rodríguez, ha indicado a Efe que la Oficina del Censo pidió información sobre siete personas empadronadas en diciembre, no sobre las alrededor de 50 que lo hicieron a lo largo de 2014.
El alcalde ha argumentado que se trata de personas que tienen casa en la localidad, pero la secretaria municipal se ha negado a certificar que residan en el municipio con el argumento de que no hay Policía Local que lo certifique.
Y ha añadido que, de momento, no se ha producido ninguna impugnación, algo que sí que ocurrió en 2007, cuando se empadronaron unas cincuenta personas de golpe.
En Albanchez de Mágina, en Jaén, la próxima semana se decidirá si se mantiene en el padrón a las alrededor de 80 personas que se inscribieron en el censo en 2014, ha explicado a Efe su alcalde, Alejandro Morales.
El regidor ha asegurado que «en absoluto» se ha producido una alteración del censo electoral, sino que lo que ha ocurrido es que vecinos del municipio que estaban empadronados en otras localidades han decidido hacerlo en Albanchez. «No es gente de otros pueblos; están en su derecho», ha recalcado.
En los casos en los que haya impugnaciones y los ayuntamientos no quieran dar de baja a los inscritos, el asunto volverá a la Oficina Electoral y, si no hay acuerdo, será un juzgado el que decida si esas personas pueden votar en su nuevo lugar de inscripción o deben hacerlo en el anterior.
En cualquier caso, el número de municipios sospechosos es inferior al de hace cuatro años, cuando fueron 241, y hace ocho, cuando la alerta saltó en 286 casos.