Los cuatro exconcejales del PP en el Ayuntamiento de Toledo durante la legislatura 2003-2007 que han declarado hoy como investigados por la adjudicación a Sufi del servicio de basuras han negado «cualquier responsabilidad» y han descargado la responsabilidad en el secretario del Consistorio.
Así lo ha explicado hoy en declaraciones a Efe la letrada de la Asociación Libre de Abogados, Ana Méndez, que ejerce a la acusación popular que representa a IU y Ecologistas en Acción.
El juzgado de Instrucción número 3 de Toledo investiga la adjudicación supuestamente irregular a Sufi de un contrato de basuras del Ayuntamiento de la ciudad en el año 2007 a cambio de una comisión al PP de 200.000 euros.
«La argumentación de los concejales ha ido en la línea de desvincularse del protocolo ratificado por la Junta de Gobierno Local», ha explicado Méndez, quien ha dicho que, además, han justificado que se firmó porque los trabajadores habían convocado una huelga de basuras, y lo hicieron siguiendo las indicaciones del secretario del Ayuntamiento de Toledo.
[ze_summary text=»La argumentación de los concejales ha ido en la línea de desvincularse del protocolo ratificado por la Junta de Gobierno Local»]La argumentación de los concejales ha ido en la línea de desvincularse del protocolo ratificado por la Junta de Gobierno Local[/ze_summary]Han declarado como investigados la que era concejala de Servicios Sociales en el Ayuntamiento de Toledo, María José Rivas; el que fue concejal de Deportes en ese mandato, Fernando Fernández Gaitán; la concejala de Urbanismo, María Paz Ruiz González; y el que fue concejal de Cultura, Fernando Cirujano Gutiérrez.
Por otra parte, Méndez ha adelantado que van a solicitar más diligencias «con el fin de trabajar en la línea del cohecho y argumentar más si cabe la prevaricación».
Fue el juez Pablo Ruz el que decidió en un auto de marzo de 2015 enviar a un juzgado de la ciudad esta parte del caso Bárcenas, tras concluir que la investigación abierta por la concesión del contrato de basuras podría ser constitutiva de un delito de prevaricación administrativa.
Ruz argumentó que debía inhibirse a favor del juzgado decano de Toledo por falta suficiente de conexión con el resto del caso, ya que el propio relato del extesorero del PP Luis Bárcenas desvincula las supuestas aportaciones económicas recibidas por Sufi, filial de Sacyr, de la mecánica de funcionamiento de la caja B del PP.
Bárcenas declaró que la adjudicación del contrato de basura respondió a una donación de 200.000 euros de esa empresa para la campaña electoral autonómica de 2007 de la expresidenta de Castilla-La Mancha y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.
Por su parte, la Fiscalía de Toledo ha pedido al juzgado que proceda al sobreseimiento provisional de la causa y al archivo de las actuaciones porque considera que, una vez analizados los actos administrativos, es decir, tanto la aprobación del protocolo como su ratificación en la Junta de Gobierno Local, «no parece viable su calificación como hechos delictivos en los términos exigidos en el tipo penal».