La consejera de Fomento, Marta García de la Calzada, ha afirmado que el número de viviendas de protección oficial (VPO) que la Junta ofrecerá en alquiler a las familias desahuciadas «se irá revisando según la demanda y la realidad que se observe».
Así lo ha indicado De la Calzada durante su comparecencia en las Cortes de Castilla-La Mancha para dar cuenta del presupuesto de su departamento para 2013 y del grado de ejecución del presente ejercicio.
La consejera se ha referido al nuevo decreto impulsado por el Gobierno castellanomanchego por el que se rebajará en un 20 ó 25 por 100 el precio de las 1.000 VPO propiedad de la Junta y se reservará el 10 por 100 para ofrecerlas en alquiler a las personas que han sido desahuciadas.
De la Calzada ha afirmado que los desahucios son «una de las mayores preocupaciones» del Gobierno castellanomanchego, por lo que ha aseverado que la Junta «no va a escatimar en esfuerzos» para hacer lo que esté «en su mano».
En este sentido, ha manifestado que el nuevo decreto «se irá revisando según la demanda y la realidad que se observe».
La consejera ha explicado que las viviendas que se pondrán en alquiler para las familias desahuciadas estarán situadas en capitales de provincia y en los principales núcleos de población.
Esta nueva medida, ha explicado, no supone para el Gobierno regional una partida adicional, pues «responder a las necesidades de los ciudadanos no significa siempre gastar más dinero sino adaptar las medidas necesarias en el momento adecuado», ha subrayado.
Frente a esta política, ha criticado la del anterior Gobierno socialista, que, a juicio de la consejera, «no se preocupó ni ocupó» de los desahucios.
De hecho, ha recordado que 2009 fue el año donde se registraron más desahucios, un total de 4.720 ejecuciones hipotecarias.