La palabra «estabilidad» es la que más repiten las caras visibles de la Junta de Castilla-La Mancha. En el arranque de esta legislatura, con mayoría absoluta de los socialistas de Page, el Gobierno regional está en pleno cónclave para definir las rutas de su programa para los próximos cuatro años.
El calendario legislativo es amplio. La portavoz del Gobierno castellanomanchego, Esther Padilla, ha adelantado en rueda de prensa que prevén impulsar 35 leyes, entre las que ha nombrado normas de 0 brecha salarial entre hombres y mujeres, de industria, de educación (universidades y FP), de lucha contra el cambio climático, de calidad agroalimentario o del deporte. «Es un proyecto de región ambicioso en el que esperamos contar con la complicidad con el acuerdo y mano tendida con la sociedad de Castilla-La Mancha», ha subrayado Padilla.
«Avance tibio» en las conversaciones para reformar el Estatuto
«No va a haber tantas discrepancias». La portavoz de la Junta de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, no considera que la reforma de la ley electoral de Castilla-La Mancha pueda ser un escollo en el nuevo Estatuto de Autonomía, cuyas negociaciones acaban de empezar. Padilla tiene «confianza en llegar a un acuerdo global», donde el número de diputados en las Cortes regionales se ampliará.
Por ahora, no hay fechas encima de la mesa fecha para comenzar con la tramitación de la reforma del Estatuto de Autonomía, cuya aprobación final se dará en el Congreso de los Diputados. «Hay algún avance tibio en las conversaciones. Somos positivos en el sentido de que esperamos que no se retrase mucho el principio de acuerdo», ha explicado Padilla.
Las dificultades, para Padilla, podrían estar en otros acuerdos, como el del agua. «Me parece que hay más dificultades en que el PP se comprometa en el agua que en otras cosas», ha confesado la portavoz del Gobierno regional.
Entre los compromisos que ha adquirido el Gobierno castellanomanchego destacan la «atracción de 200 proyectos de inversión extranjera» – que anunció Page -, o la aprobación de la nueva ley de tiempos máximos en lista de espera en la Sanidad pública.