La Ley de Vivienda de Castilla-La Mancha está a punto de aprobarse, puesto que este jueves ha sido el debate de enmiendas en las Cortes de Castilla-La Mancha y saldrá adelante hoy con la mayoría absoluta del PSOE. Un debate en el que el consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha pedido el apoyo de PP y Vox a la proposición de ley, para que sean «parte de la solución» y no el problema.
El pasado 14 de octubre aprobaron trece enmiendas parciales del grupo socialista de las 121 admitidas a trámite por la Mesa de las Cortes, 58 del PP, 50 de Vox y 13 del PSOE.
Henando pide a la oposición que «abandonen la trinchera»
El consejero ha asegurado este jueves en el pleno de las Cortes regionales que esta ley aspira a ser «de todos» y que «avanzaremos más rápido si vamos juntos», por lo que ha invitado a PP y Vox a utilizar su voto «de manera constructiva y positiva», al tiempo que ha destacado que «por encima de la trinchera, existe un campo abonado para el acuerdo y para el consenso».
«Su voto es un aval y un halo de esperanza para quienes están esperando como agua de mayo soluciones en materia de vivienda», ha continuado el titular de Fomento, quien ha reclamado a la oposición que sea «parte de la solución» y ha advertido de que, de lo contrario, «habrán elegido ser parte del problema».
Hernando ha explicado que, entre otras medidas, la proposición de ley, presentada por el grupo parlamentario socialista, plantea que el suelo terciario pueda ser utilizado para la construcción de viviendas con protección pública, además de que se pueda aumentar un 20 por ciento la edificabilidad y un 30 % la densidad.
De igual modo, ha indicado que el Gobierno regional lleva años planteando soluciones «muy contundentes» en este ámbito y ha resaltado que, gracias a la reprogramación de los fondos Feder, Castilla-La Mancha destina «uno de cada cuatro euros» a políticas de vivienda, lo que ha permitido movilizar 160 millones para rehabilitación y obra nueva.
Asimismo, ha detallado que en la última década en Castilla-La Mancha se han construido más de 41.000 viviendas, 21.000 de las cuales se han iniciado en los últimos tres años y medio, y que de las 6.000 viviendas de protección pública que se han planteado en esta última década, 4.000 corresponden también a los últimos tres años y medio.
El PSOE defiende que permitirá «más suelo, más vivienda»
Por su parte, el ponente del dictamen, el portavoz de Fomento del grupo socialista, Álvaro Toconar, ha destacado la importancia de que haya mayor agilidad administrativa y ha afirmado que esta norma, que «responde a las necesidades de la sociedad», plantea medidas sustentadas en cuatro ejes: «más suelo, más vivienda, más justicia y más Castilla-La Mancha».
Entre ellas, cambiar el uso de suelo terciario y dotacional privado a residencial; promover vivienda de protección pública en edificios actualmente en desuso; destinar ayudas a empresas y promotores para construir más vivienda de protección pública; y apoyar a las zonas rurales mediante la conversión de suelo rústico en urbanizable.
Además, el parlamentario socialista ha criticado las enmiendas presentadas por la oposición que, como ha apuntado, plantean «bajar impuestos a los fondos buitre» y que las empresas, la ciudadanía y los ayuntamientos tengan «más burocracia, más freno y más trabas» para construir.
La oposición sostiene que la ley «llega tarde»
Por su parte, el diputado del PP Nacho Redondo ha afirmado que esta ley «llega muy tarde» y ha criticado que se haya tramitado por el procedimiento de urgencia después de once años de gobierno del PSOE en Castilla-La Mancha
Redondo ha pedido apoyo a las enmiendas de su grupo, que plantean principalmente medidas tributarias, como ampliar la edad hasta los 40 años para poder acceder al tipo reducido de transmisiones patrimoniales para la primera vivienda habitual.
También el PP ha propuesto enmiendas relacionadas con el parque público de viviendas, la seguridad jurídica, los planes de rehabilitación urbana y los planes de singular interés.
De su lado, el diputado de Vox Francisco Cobo ha hecho hincapié en que la urgencia para la aprobación de esta norma destapa la «falta de acción» del Ejecutivo autonómico en esta materia durante once años y en que «la urgencia la tienen los ciudadanos».
Cobo ha incidido en que el texto es «un parche más» y en que falta vivienda «por las políticas restrictivas sobre el suelo, que dificultan construir; por los laberintos burocráticos; por la lentitud de los procedimientos de planeamiento y gestión; por las cargas que soporta todo el proceso edificatorio; y por los años de inseguridad jurídica e intervenciones fallidas en el mercado del alquiler».
En sus enmiendas, Vox ha defendido la ‘prioridad nacional’ en las adjudicaciones de viviendas de protección pública y en ayudas al alquiler, la liberación de suelo público para reducir los costes de edificación y el precio final de compra o arrendamiento, incentivos y deducciones fiscales para jóvenes y familias en la compra de su primera vivienda o en el mundo rural y endurecimiento de las medidas frente a la ocupación ilegal.