El portavoz del PP en las Cortes Regionales, Francisco Cañizares, ha acusado a los anteriores dirigentes de la Junta de tomar las decisiones del aeropuerto privado de Ciudad Real «para beneficio de unos pocos».
En rueda de prensa en Ciudad Real, el portavoz parlamentario del PP ha indicado que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Región sobre la expropiación a los antiguos propietarios de los terrenos del aeropuerto es «un capítulo más de cómo una infraestructura privada se gestionó desde lo público con el mayor desprecio a la legalidad y a los ciudadanos de la región».
Para Cañizares, el PSOE utilizó el aeropuerto de Ciudad Real como «un instrumento político para favorecer a integrantes del accionariado del aeródromo vinculados al PSOE».
Y, en este sentido, ha abundado que esta sentencia, que da la razón a los agricultores expropiados incrementando el valor del suelo por seis, supone la constatación de que «desde lo público se ha beneficiado a unos pocos contra la sociedad castellanomanchega y en contra del propio proyecto».
Según el dirigente popular, para la Junta gobernada por el PSOE era más importante defender los propios intereses de este partido y los de los accionistas del aeropuerto que los de «los ciudadanos que fueron expropiados sus terrenos por debajo del valor que finalmente ha reconocido la sentencia».
Cañizares ha recordado también que el anterior Ejecutivo reformó la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística (Lotau) en 2010 «para beneficio de unos pocos», además de «gastarse el dinero de todos en subvencionar empresas aeronáuticas con el único objetivo de crear una apariencia de funcionamiento ficticia».
En este sentido ha indicado que el propósito de los dirigentes socialistas «era crear una apariencia ficticia para que los dueños del aeropuerto vendieran el proyecto sin importarles la viabilidad de la infraestructura».
Por este motivo, ha solicitado responsabilidades al actual secretario regional del PSOE, Emiliano García-Page, por tomar decisiones en el inicio de la tramitación del aeropuerto cuando era consejero de Ordenación del Territorio y Obras Públicas a finales de los años 90 y que han derivado, ha dicho, «en una deuda para los agricultores de 213 millones de euros».