El Ayuntamiento de Alcázar de San Juan ha presentado una querella contra los antiguos responsables de la empresa municipal Aguas de Alcázar, entre ellos el exalcalde del PSOE, José Fernando Sánchez Bódalo, por presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y fraude de exenciones ilegales.
La querella, que tiene 20.000 folios, ha sido presentada por los actuales gobernantes en el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) se debe a que «se puede haber estado incurriendo en actuaciones delictivas graves y muy graves por parte de los anteriores responsables en cuanto a la adjudicación de obras», en lo que entienden como «una presunta trama de corrupción».
Así lo han puesto de manifiesto hoy en rueda de prensa el alcalde alcazareño Diego Ortega, y los concejales del Ciclo Hidráulico y de Obras, Ángel Montealegre y Ángel Puente.
Consideran que con esta querella hacen «un ejercicio de responsabilidad y de transparencia» que les obliga a poner en conocimiento de la Justicia lo que han contrastado con diferentes auditorías y juristas externos que les han recomendado poner en conocimiento de la Justicia estos hechos.
Según esas auditorías, el exalcalde y presidente de Aguas de Alcáz+ar, el socialista José Fernando Sánchez-Bódalo, y el exconcejal del Ciclo Hidráulico, Benito Montiel, «adjudicaban obras municipales presuntamente con irregularidades y con la generación de deuda», ha explicado Ortega.
Ha subrayado que «se puede haber incurrido en actuaciones delictivas graves y muy graves de presuntos casos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y fraude de exenciones ilegales».
La querella fue presentada el pasado viernes en los juzgados de Alcázar de San Juan, después de comprobar que Aguas de Alcázar «pasó de ser una empresa pública de gestión del ciclo hidráulico para ser una empresa constructora y se modificaran los estatutos para eludir todo tipo de responsabilidades», ha señalado por su parte Montealegre.
La deuda de Aguas de Alcázar supera los seis millones de euros, ha explicado Montealegre, quien ha agregado que dudan de si las contrataciones que hacía esta empresa municipal «han sido o no legales porque todo parece ser que esto es una trama organizada para eludir los controles jurídicos que se deberían hacer desde el Ayuntamiento».
El concejal del Ciclo Hidráulico ha manifestado que hay al menos una treintena de casos, entre ellos la contratación por valor de 5,4 millones de euros de la tercera fase del Polígono Alces, la transformación de la CM-420 para convertirla en la Avenida de Pablo Iglesias, el parking de la Piscina Municipal y la remodelación de la calle Cánovas del Castillo, que se hicieron «sin la delegación del Ayuntamiento».
En la última actuación, además, se incluía «una aportación social para financiar la escultura de Pablo Iglesias que dijeron que donaba el PSOE a la ciudad», ha añadido el concejal Ángel Montealegre, que ha explicado que una de esas obras valorada en 2,4 millones de euros «se adjudicó en tres fases a tres empresas del mismo dueño».
El concejal de Obras, Ángel Puente, ha subrayado por su parte, que durante el año en el que han estado recabando información y trabajando para preparar la querella se ha comprobado que las aportaciones sociales «pasaban sólo por Aguas de Alcázar y que el dinero nunca pasaba por el Ayuntamiento», con lo que la empresa se constituía «como el medio necesario para articular las adjudicaciones a constructoras».