Los diputados del PP, PSOE y Podemos, reunidos hoy por primera vez en la Comisión no Permanente de las Cortes de Castilla-La Mancha para la reforma de la ley del Gobierno y del Consejo Consultivo de 2003, han evocado el «espíritu de consenso» para acordar la modificación de esta normativa.
La comisión se ha prolongado durante una media hora y los diputados han consensuado los bloques en los que dividirán el trabajo, si bien se han vuelto a citar el jueves 30 de junio, tras la sesión plenaria programada para ese día, con el fin de acordar los nombres de los expertos que comparecerán en la misma.
Han decidido que discutirán en torno a tres bloques, el primero de ellos sobre la reforma de la parte que afecta al Gobierno regional, en lo que se incluye el estatuto jurídico de los expresidentes, es decir, la eliminación de sus privilegios, el régimen de incompatibilidades o los posibles conflictos de intereses.
Por otra parte, analizarán las modificaciones que pueden realizarse en el Consejo Consultivo y, por último, realizarán unas conclusiones con el fin de elaborar un borrador de la nueva ley.
También han acordado que la comisión acogerá la comparecencia de varios expertos y, aunque aún no han determinado el número de comparecientes, el PSOE ha propuesto que se incluyan al presidente del Consejo Consultivo y a la presidenta de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJ-CM).
«Ésta es una norma de gran calado, forma parte de la arquitectura institucional de la región y el objetivo es elaborar un dictamen consensuado», ha comenzado afirmando la presidenta de la comisión, la socialista Josefina Navarrete, también secretaria primera de la Mesa de las Cortes regionales.
El primer portavoz en tomar la palabra ha sido el diputado de Podemos y líder regional de la formación morada, José García Molina, quien también ha considerado que «lo importante» es conseguir «llegar a un acuerdo» y que la modificación que se acuerde de la ley tenga «vocación de permanencia».
«Será importante que no escatimemos ningún tema en el debate y que hagamos un trabajo que, de alguna manera, aparque los intereses partidistas», ha solicitado García Molina, quien ha propuesto que en cada uno de los dos primeros bloques que se traten comparezcan «dos o tres personas».
El diputado socialista Miguel Ángel González se ha sumado a la vocación de consenso y ha leído la propuesta de trabajo de su grupo, que plantea que comparezcan profesores de Universidad, letrados de las Cortes, el presidente del Consejo Consultivo y la presidenta de la Sala de lo Contencioso del TSJCM.
Ha añadido que es «fundamental» que en un primer bloque se discuta sobre la ley del Gobierno y hablar del estatuto de los miembros del Consejo de Gobierno, de conflictos de intereses, de incompatibilidades, de órganos de control, de régimen sancionador y de la actualización de la ley del Gobierno «cuando este pueda estar en la situación de estar en funciones».
El otro bloque que ha propuesto es el análisis sobre el Consejo Consultivo y ha añadido que, después, es necesario elaborar unas conclusiones y redactar un borrador de la modificación de la ley del Gobierno.
Por su parte, el diputado del PP José Manuel Tortosa ha afirmado que su partido «va a participar de ese espíritu de consenso, convencidos de la importancia» de la reforma de esta ley, por lo que ha dicho que los «populares» afrontar el trabajo con «responsabilidad».
Con ello, ha propuesto añadir a lo planteado por el PSOE varios aspectos que han sido aceptados, como analizar el estatuto jurídico de los expresidentes y ampliar el estudio de incompatibilidades y régimen controlador a los altos cargos, hasta los delegados provinciales, y también a las fundaciones y empresas públicas.
«Estudiar en profundidad qué nombramientos o cómo hacemos los nombramientos de los responsables en las empresas públicas y fundaciones», ha planteado y ha añadido también que debe establecerse que «no haya diputados de primera y de segunda», si bien el diputado socialista le ha instado a discutir este aspecto en la reforma del Reglamento de las Cortes.