Comisión de Asuntos Generales en las Cortes de CLM

Leyes de despoblación y participación y reforma del Estatuto, retos de la Vicepresidencia de Guijarro

Martínez Guijarro ha subrayado que el impulso a la lucha contra el despoblamiento y los efectos del envejecimiento demográfico, avanzar en materia de transparencia, el fomento de la participación ciudadana y la búsqueda de consenso para la aprobación de un nuevo Estatuto de Autonomía conforman las líneas generales de la Vicepresidencia regional

El vicepresidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro.

Las nuevas leyes de Despoblación y Participación y la búsqueda del mayor consenso para la reforma y creación de un nuevo Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha son los principales retos que se ha marcado el vicepresidente regional, José Luis Martínez Guijarro, para su departamento en esta legislatura.

Así lo ha detallado el vicepresidente regional durante su comparecencia en la Comisión de Asuntos Generales del Parlamento autonómico para informar sobre la política a desarrollar a lo largo de los próximos cuatro años.

En este sentido, Martínez Guijarro ha subrayado que el impulso a la lucha contra el despoblamiento y los efectos del envejecimiento demográfico, avanzar en materia de transparencia, el fomento de la participación ciudadana y la búsqueda de consenso para la aprobación de un nuevo Estatuto de Autonomía conforman las líneas generales de la Vicepresidencia regional.

En materia de despoblamiento, ha subrayado que el objetivo final es aprobar una ley que articule medidas contra este fenómeno demográfico y garantice la prestación de servicios básicos en todos los lugares de Castilla-La Mancha «con independencia del número de personas que vivan en ellos».

Una normativa que, ha dicho, aborde la sanidad, educación y servicios sociales en zonas despobladas así como la conectividad y medidas de discriminación positiva como las desarrolladas en la anterior legislatura en el marco de la estrategia de Inversión Territorial Integral (ITI) que ha supuesto 678 millones en casi 100 líneas de ayudas.

De igual forma, ha apostado por que la nueva norma incorpore la obligación de que todas las leyes, planes o programas de inversión tengan que contar con un informe de impacto y perspectiva demográfica.

Asimismo, Martínez Guijarro ha recalcado que el Ejecutivo castellanomanchego quiere plantear al Gobierno de España que en el marco de la reforma urgente del modelo de financiación autonómica se incluyan los «costes efectivos» de la prestación de los servicios para que se tenga en cuenta como criterio a la hora del reparto de fondos.

De otro lado, en relación a la transparencia y la participación, el vicepresidente regional ha indicado que el Gobierno autonómico seguirá aplicando la Ley de Transparencia así como desarrollará la Ley de Participación Ciudadana que ya está en trámite parlamentario y cuyo período para la presentación de enmiendas concluye el 30 de septiembre.

A este respecto, ha destacado que la Ley de Participación incentiva la implicación de los ciudadanos «directamente» en la toma de decisiones de la Administración regional, de manera que todos los proyectos tienen que contar un proceso previo de participación de la ciudadanía a partir de la creación de un nuevo Portal de Participación Ciudadana.

Y con respecto al nuevo Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, Martínez Guijarro ha reiterado que se pondrá en marcha «una serie de diálogos de carácter institucional» con los grupos parlamentarios pero también con los partidos que no tienen representación en las Cortes pero sí en otras instituciones.

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Comisión de Asuntos Generales en las Cortes de Castilla-La Mancha.

 

El objetivo, ha dicho, es aprobar un nuevo Estatuto «con el mayor consenso social y político» que recoja las garantías del estado del bienestar de la región y la «nueva arquitectura institucional y política» que tiene que tener la comunidad autónoma.

Por parte de los grupos parlamentarios, el diputado regional de Cs David Muñoz ha aplaudido la elaboración de una Ley regional contra la despoblación, pero ha pedido «que no se hurte» la labor de la comisión cuya creación fue aprobada por las Cortes regionales a propuesta de la formación naranja.

La portavoz de PP, Lola Merino, ha pedido al vicepresidente regional que explique el aumento del 80 por ciento de altos cargos en el Ejecutivo castellanomanchego, el cual ha asegurado que cuesta 34 millones de euros -12 más que en la legislatura anterior- por el nombramiento de 137 cargos con respecto a los 76 que había, y la «maniobra» para nombrar «a dedo» a 117 funcionarios de alto nivel.

Sin embargo, el vicepresidente regional ha respondido a la diputada ‘popular’ que la estructura de la Administración castellanomanchega es «una de las más austeras de España» y que basta con comparar con otras comunidades como Andalucía, Aragón o la Comunidad Valenciana.

Por último, la portavoz del grupo parlamentario socialista, Ana Isabel Abengózar, ha destacado que la Vicepresidencia regional es «propia del siglo XXI» al afrontar retos como la despoblación o la lucha contra la desigualdad o cumplir con la transparencia y la participación ciudadana.