31 colectivos sociales de la región han exigido a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha información sobre el plan anunciado para garantizar la interrupción voluntaria del embarazo en hospitales públicos, institución a la que acusan de «mantener bloqueado» el acceso al aborto pese a contar con personal sanitario dispuesto a prestar el servicio.
En un comunicado de prensa conjunto, estas organizaciones feministas, sindicales y de derechos humanos, entre ellas la Plataforma en Defensa del Derecho al Aborto en la Sanidad Pública de Castilla-La Mancha, conformada por colectivos como Amnistía Internacional, Comisiones Obreras o Plataforma 8M de Toledo; han reclamado «respuestas claras» sobre la situación real de la interrupción del embarazo en la comunidad autónoma y un calendario concreto para garantizar la prestación.
Han recordado que, pese a estar reconocida por ley, la práctica del aborto no se realiza en la red sanitaria pública de la región. Según datos del Ministerio de Igualdad, el 99,95% se hicieron en centros privados en el año 2024. Fueron posibles a través de acuerdos con el Sescam, por lo que el Gobierno de Emiliano García-Page defiende que el derecho se garantiza, aunque no sea en lo público.
El 99,95 % de abortos en Castilla-La Mancha en 2024 se practicaron en centros privados
La Plataforma en Defensa del Derecho al Aborto en la Sanidad Pública de Castilla-La Mancha ha señalado que no todos los sanitarios son objetores de conciencia, por lo que, a sus ojos, «el principal problema» es «la ausencia de voluntad política y de planificación sanitaria para garantizar el cumplimiento efectivo de la ley». En este sentido, han censurado también que el Gobierno regional no facilita el número de objetores.
Por otro lado, a mediados de mayo, el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, anunció en una entrevista en ENCLM que se iba a poner en marcha una unidad de referencia para la práctica de los abortos en un centro público de la región. Después, la consejera portavoz, Esther Padilla, se refirió a la posibilidad de abrir varias unidades, si bien ninguno de los dos habló de plazos ni de cómo funcionarían.
«Estamos a punto de tener un centro público donde se puedan practicar abortos en Castilla-La Mancha»
En este contexto, los colectivos han rechazado concentrar la actividad en un solo hospital, al tiempo que han insistido en la necesidad de conocer un calendario concreto para la implantación de las prácticas.
«Después de más de quince años de vigencia de la ley y tres de su reforma, Castilla-La Mancha no puede seguir siendo una excepción. Las mujeres tienen derecho a acceder a esta prestación en su sanidad pública, cerca de su lugar de residencia y sin obstáculos añadidos. Lo contrario supone una vulneración de un derecho reconocido legalmente y una discriminación territorial que ya no admite más excusas», ha concluido el comunicado.
