El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha confirmado la sentencia del Juzgado de lo Social nº1 de Guadalajara, la que ha condenado al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) a reintegrar y devolver a unos padres 44.272 euros más los intereses (total, 46.262 euros) que fue abonado para el tratamiento médico en la sanidad privada de su hija de 15 años por la anorexia que sufría y, ante la cual no le pautaron en el Hospital Universitario de Guadalajara el tratamiento necesario y urgente que la situación requería, informó la asociación El Defensor del Paciente.
Condenan al Sescam
La sentencia es de junio de 2023 pero ahora ha sido cuando el Sescam ha abonado las cantidades.
La menor comenzó con problemas en octubre de 2018
La menor comenzó con problemas en octubre de 2018; fue diagnosticada de anorexia nerviosa y, debido al agravamiento del cuadro, el servicio de psicología del Hospital Universitario de Guadalajara indicó que la menor necesitaba la atención específica de una Unidad de Trastorno de la Conducta Alimentaria.
Los padres, desde mayo de 2019, solicitaron al Hospital la derivación bien al Hospital Niño Jesús de Madrid, donde existe dicha unidad, bien a Ciudad Real, donde el Sescam dispone también de dicha unidad, que no existe en Guadalajara. La respuesta fue: «Que no había convenio con Madrid y que no hay hospitalización de día en Ciudad Real». «Pese a la situación de la menor, el Sescam no hizo nada para la atención urgente en el tratamiento de dicha patología», se afirma en el Defensor del Paciente.
Condenan al Sescam por falta de medios y retraso en la atención a un menor que perdió un testículo
Los padres tuvieron que acudir a un hospital privado donde la menor tuvo que iniciar un tratamiento, el 24 de septiembre de 2019, mediante hospitalización de día y posteriormente ingreso 24 horas para el tratamiento de la enfermedad abonando el importe del mismo.
La chica «había verbalizado el suicidio»
La propia sentencia reconoce que: «Los padres solo recibieron respuestas negativas por la sanidad pública en orden curar o mejorar en lo posible el estado de salud de su hija, viéndose obligados ante la urgencia vital a acudir a la sanidad privada. Había verbalizado el suicidio, le pasa por la cabeza la idea de matarse, mantiene conductas restrictivas alimentarias, distorsión de la imagen corporal y baja autoestima, no puede controlar sus impulsos, tiene crisis de ansiedad y crisis de angustia, si tengo que comer me corto las venas, voy a matarme’, presentando esta sintomatología un riesgo vital muy grave».
En 2020 fallecieron en España 21.697 personas por trastornos mentales y del comportamiento
«Dando valor a la salud mental, la sentencia reconoce la urgencia vital en el caso de la anorexia nerviosa que padecía la menor, siendo una patología que conlleva un alto índice de mortalidad. Consultados los datos del INE en 2020 fallecieron en España 21.697 personas por trastornos mentales y del comportamiento, siendo la salud mental cada vez más visible e importante. Cuando antes se detecte este trastorno y se trate, mejor es el pronóstico», añade la asociación El Defensor del Paciente.
En este caso, la sentencia recoge «la lucha de los padres, antes de acudir a la sanidad privada, para que el Sescam actuase y prestara a la menor la correspondiente asistencia médica, cosa que no hizo, informando al mismo expresamente de la gravedad de la situación; la respuesta fue que ‘no hay recursos’ en Guadalajara ni en el Sescam para el tratamiento.
«Los padres han abonado más de 44.272 euros, quedan procedimientos pendientes, gastándose todos los ahorros, pero ¿qué ocurre con los padres que no pueden ir a la sanidad privada para recibir esa atención sanitaria?», añaden.
«La Administración no solo ha tardado en abonar esta cantidad desde que es firme, casi 6 meses, sino que desde el año 2019, en que se iniciaron las reclamaciones, la Administración ha ido desestimando y recurriendo, retrasando el abono de las cantidades siendo un perjuicio para la familia que ha tenido que adelantar los posteriores tratamientos de la hija», subrayan.
«La familia lleva invertidos más de 50.000 euros y tiene iniciados diversos procedimientos ante los Juzgados de lo Social, ya que la Administración sigue discutiendo los conceptos de reintegros a pesar del derecho reconocido en sentencia firme», concluyen.