domingo, 28 de noviembre de 2021
le reclamaban 30.000 euros de indemnización 04/03/2014junio 9th, 2017

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha desistido en su demanda contra Greenpeace, que habían presentado por interpretar que la organización había vulnerado el derecho al honor de la presidenta regional, María Dolores de Cospedal, tras relacionarla con la reforma de la Ley de Costas.

Fuentes de la Junta de Comunidades han informado a Efe de que el motivo de este desestimiento es que la organización ecologista ya hizo en su web una aclaración en la que explicaba que en el informe «Amnistía a la destrucción», que criticaba dicha norma, no pretendía ir contra el honor ni de la Junta ni de la presidenta regional.


Por lo tanto, los servicios jurídicos han interpretado que se ha tratado de una rectificación suficiente para desistir en la demanda.

Por su parte, Greenpeace ha indicado en un comunicado que sus abogados han recibido una notificación del Juzgado de Primera Instancia de Toledo, en el que el gabinete jurídico de la Junta de Castilla-La Mancha informaba de su desistimiento en la demanda contra la organización ecologista.

Han recordado que la demanda fue presentada a primeros de 2013, por la vulneración del derecho al honor de la presidenta, a raíz de la publicación del informe «Amnistía a la Destrucción», una investigación sobre los intereses privados que podrían estar detrás de la reforma de la Ley de Costas aprobada la pasada primavera.

El servicio jurídico de la Junta reclamaba a Greenpeace 30.000 euros de indemnización.

«Celebramos la retirada de una demanda que nunca debió ser interpuesta. Ejercimos nuestra labor de defensa del medio ambiente exponiendo determinados intereses que nada tenían que ver con el interés general», ha defendido el director ejecutivo de Greenpeace España, Mario Rodríguez.

La organización ha apuntado que, durante este tiempo, ha considerado que esta demanda sobre la vulneración al derecho al honor chocaba frontalmente con la jurisprudencia al respecto, ya que los tribunales españoles han señalado en diversas ocasiones que el derecho de información supone el reconocimiento y la garantía de una institución política fundamental, la opinión pública, ligada con el pluralismo político.

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