Juan Carlos Mollejo, el abogado de los tres excursionistas procesados por el incendio de Guadalajara de 2005, en el que murieron 11 miembros de un retén forestal, teme que el tribunal que los juzgará se decante por alguna condena por la presión social, política y mediática. Mollejo ha declarado a Efe que el juicio que se inicia la próxima semana en la Audiencia de Guadalajara «terminará al menos con una condena a alguno de mis clientes, para que no de la impresión de que se ha cerrado en falso un caso que lleva siete años de instrucción».
Ha señalado que es pesimista sobre el resultado final del juicio, porque «después de siete años de instrucción y una fuerte presión social, política y mediática, todo indica que el tribunal se decantará por alguna condena, porque, estoy seguro, sin esa presión, este juicio hace tiempo se habría sobreseído».
El letrado piensa que sus tres defendidos se sentarán en el banquillo «por la fuerte presión social, política y mediática que ha generado este juicio».
En este sentido, ha calificado de «desproporcionada» la petición de siete años de cárcel que ha hecho la Junta de Castilla-La Mancha para sus defendidos y ha enfatizado que «son inocentes y así se probará en el juicio».
También se ha mostrado muy crítico con la petición de responsabilidades civiles del fiscal, que asciende a casi 14 millones de euros, en concepto de diferentes indemnizaciones.
El letrado ha considerado que «no se ha podido justificar de ninguna manera de dónde salen esas cifras, que en otras acusaciones son completamente diferentes».
Según Mollejo, «no existe ningún informe pericial judicial independiente que tase esos daños, pues cuando el fiscal lo solicitó, se presentó una minuta previa para realizarlo de un millón de euros, por lo que se desistió de esta prueba y se ha limitado a recoger las cifras aportadas por la propia Junta de Castilla La Mancha, juez y parte, pues también es acusación particular».
En su opinión, «el tribunal tendrá muy difícil poner esta sentencia, pues solo se juzga el hecho del momento de la barbacoa, nada más, y ahí está claro que mis defendidos actuaron correctamente ya que hicieron fuego en un lugar autorizado, con reservas de agua para imprevistos y con vigilancia continua sobre la parrilla».
En cambio, «no puede decir lo mismo» la Junta de Castilla La Mancha, «que había autorizado la práctica de barbacoas en un lugar sin estar preparado para ello, sin matachispas, con el suelo de hierbas secas, no de hormigón, sin un cortafuegos al lado, ya que justo allí había un campo de cereal seco», ha añadido.
La Audiencia Provincial de Guadalajara ha señalado los próximos días 2, 3 y 4 de julio para celebrar la vista por el incendio que calcinó 13.000 hectáreas de pinares, monte bajo y parte del Parque Natural del Alto Tajo en julio de 2005, en la provincia de Guadalajara.
En el incendio perdieron la vida los 11 integrantes del retén de Cogolludo y resultó con heridas graves el conductor de un camión motobomba procedente del Ayuntamiento de Arcos del Jalón (Soria).
El sumario consta de más de 16.000 folios y en el mismo llegaron a estar imputadas un total de 29 personas por parte de la jueza instructora de Sigüenza, María del Mar Lorenzo -incluidos altos cargos y técnicos de la Junta-, aunque la Audiencia de Guadalajara exculpó a 26 de ellos y dejó tan solo en el banquillo a los excursionistas.