La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ciudad Real ha aprobado, en sesión extraordinaria, la modificación de la ordenanza fiscal que regula las tarifas de los abonos del servicio público de transporte urbano de viajeros, que supondrá un incremento del 10% en el precio de los abonos.
Desde el Ayuntamiento de Ciudad Real han explicado que esta subida se debe a la reducción de ese mismo importe que ha sufrido la subvención del Gobierno central, recogida en el Real Decreto Ley 1/2025 de 28 de enero, por lo que vuelve al precio anterior que había antes de dicha subvención.
Una modificación que ahora tendrá que pasar por el Consejo de Ciudad y posteriormente por el pleno antes de entrar en vigor.
El concejal de Movilidad, Miguel Hervás, ha anunciado que el Consistorio sí seguirá manteniendo su bonificación propia del 20% en los abonos, con lo que el precio final se incrementará ese 10% que disminuye la aportación del ejecutivo central.
Hervás ha ratificado la decisión del equipo de Gobierno municipal por seguir bonificando el servicio público de transporte de viajeros, en el camino hacia «una mejor y más moderna movilidad» en la que se han ampliado los horarios de los autobuses, se han incorporado nuevas paradas y se han aplicado mejoras en el servicio, además de la renovación que se está realizando de los propios vehículos.
El abono de diez viajes pasará a costar 3,58 euros, frente a los 3,25 anteriores; el abono de menores de 14 años seguirá siendo gratuito mientras que el bono para el resto de estudiantes tendrá un coste de 1,93 euros, 20 céntimos más que anteriormente.
Los abonos mensuales también tendrán un leve incremento y el general pasará de 10 a 11 euros; el de estudiantes lo hará de 5 a 5,50 euros; y el abono mensual para familias que no superen el 2.5 del Iprem pasará a costar 2,75 euros, frente a los 2,5 anteriores.
Miguel Hervás ha recordado que no es la primera ocasión en la que Ayuntamiento de Ciudad Real tiene que responder ante la reducción en las ayudas del Gobierno de España, puesto que ya asumió de forma temporal el descuento del 30% que había eliminado el ejecutivo central tras la derogación inicial del decreto Ómnibus, financiando por completo el 50% de la reducción de los precios del servicio de autobús urbano en la capital.