La deuda pública de Castilla-La Mancha ha cerrado el tercer trimestre de 2025 con 16.621 millones de euros, que son el 28,5 % de su PIB, un dato de deuda 130 millones de euros inferior al del segundo trimestre del año, si bien es la tercera comunidad autónoma que más ha reducido el peso de su deuda pública con relación a su producto interior bruto (PIB), según la Junta de Comunidades.
En una nota de prensa de este lunes, el Gobierno de Emiliano García-Page ha sacado pecho de esa reducción de la deuda basándose en los datos publicados por el Banco de España correspondientes al tercer trimestre de 2025, pasando de los 35,4 puntos porcentuales de junio de 2015 a los 28,5 puntos en septiembre de 2025.
Esto se traduce en una reducción total de cerca de siete puntos, que supone más del doble del conjunto de las comunidades autónomas, que ha sido de 3,3 puntos en ese mismo periodo.
En términos anuales, la deuda pública de Castilla-La Mancha se ha reducido en el último año 1,3 puntos en relación con su producto interior bruto (PIB), pasando del 29,8 por ciento de septiembre de 2024 a los 28,5 puntos porcentuales en el mismo periodo de 2025.
De este modo, Castilla-La Mancha se sitúa en el tercer puesto también en cuanto a la reducción interanual del peso de la deuda, por encima del conjunto de las comunidades autónomas, que ha bajado un 0,8 por ciento. De esta forma, en los últimos doce meses, esta región también está entre las que están a la cabeza en reducción de la deuda pública.
Por último, con respecto al anterior trimestre, de junio de 2025 a septiembre de 2025, esa deuda también se ha reducido, concretamente en un 0,6 por ciento, la misma cifra que la media nacional.
También, esa reducción se traslada al importe total de la deuda, ya que supone, en términos absolutos, 130 millones de euros menos, según los datos publicados por el Banco de España.
De esa forma, el Ejecutivo castellanomanchego está haciendo compatible mantener unas finanzas públicas saneadas, con el compromiso del presidente Emiliano García-Page de no escatimar recursos públicos para atender a los colectivos más vulnerables e impulsar la actividad económica en la Comunidad Autónoma.