La consejera de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez, ha destacado la necesidad de solicitar una prórroga de la Directiva Marco del Agua hasta 2032 para poder cumplir con el buen estado de las masas y evitar con ello «un impacto irreparable».
Alto Guadiana
De este modo se ha pronunciado Gómez este jueves en el pleno de las Cortes regionales, donde se ha debatido la propuesta de creación de una comisión de estudio relativa a la situación de los cultivos leñosos en el Alto Guadiana y la necesidad de ampliar el horizonte de la Directiva Marco del Agua hasta diciembre de 2032, presentada por el PP.
La consejera ha recordado que esta normativa, que fija 2027 como fecha límite para que los Estados miembros de la Unión Europea cumplan con el buen estado ecológico de las masas de agua, es «de obligado cumplimiento» y «no nos la podemos saltar».
Impacto socioeconómico
Si bien, ha considerado «necesario» solicitar una prórroga y ha apuntado que está «habilitada por la propia directiva», siempre que se demuestre que «el impacto socioeconómico que se podría producir podría ser muchísimo más grave que no hacer esa prórroga», como ocurriría en el caso de Castilla-La Mancha.
Por ello, ha explicado que se está trabajando, a través del Consejo Regional del Agua y de las mesas creadas «con todos los sectores afectados», para perfilar las necesidades de la comunidad autónoma y documentar que realmente existiría «un impacto irreparable» si no hay prórroga.
Cuarto ciclo de planificación hidrológica
La titular de Desarrollo Sostenible también ha recordado que «nos encontramos ante un cuarto ciclo de planificación hidrológica y lo que hace falta es que seamos capaces de poner sobre la mesa las necesidades» de la región, de manera que «no solo haya los mismos recursos disponibles que ahora», sino que «se vean incrementados» en función de las demandas reales para usos agrarios, industriales y abastecimiento.
Entidad colaboradora de la administración hidráulica
Asimismo, ha señalado que la Junta está preparando la documentación para solicitar ser entidad colaboradora de la administración hidráulica del Estado porque «creemos que hay un colapso muy grande en las confederaciones hidrográficas en general y en particular en el Guadiana» y que «desde el Gobierno de Castilla-La Mancha podemos aportar» y contribuir a resolver algunos de los problemas.
PSOE y PP defienden la prórroga
En la misma línea, la portavoz del grupo socialista, Ana Isabel Abengózar, ha incidido en que la realidad del Alto Guadiana es «compleja» y en que es posible que en 2027 no se hayan alcanzado los objetivos fijados, pero ha asegurado que la creación de una comisión de estudio «no es la solución», ya que «no da respuesta» a la situación.
En este contexto, ha advertido de que «si no adaptamos los plazos, pondremos en riego la economía y el equilibrio social del territorio», por lo que ha defendido la ampliación del horizonte hasta 2032 para permitir una transición «real», que incluya la modernización del regadío, control de extracciones, recuperación progresiva del acuífero y garantía de futuro para el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel.
Horizonte 2027
Por su parte, el diputado del PP Santiago Lucas-Torres ha recalcado que el problema del agua es «estructural» y marcará el futuro de la región durante décadas y ha hecho hincapié en que el horizonte 2027 fijado por la Directiva Marco del Agua puede suponer la desaparición de instrumentos «clave» como el Plan Especial del Alto Guadiana si no se producen cambios legislativos.
Lucas-Torres ha apostado por la creación de una comisión de estudio en la que cooperativas, organizaciones agrarias, universidad y grupos políticos busquen alternativas como ampliar el horizonte hasta 2032, continuar con la prórroga del Plan Especial del Alto Guadiana, modificar la normativa para garantizar seguridad jurídica o apostar por la reutilización de aguas depuradas y la recarga de acuíferos estratégicos.
Vox
De su lado, el diputado de Vox Francisco Cobo ha afirmado que la «pésima» situación que atraviesa el sector primario es consecuencia de la Directiva Marco del Agua y de las restricciones de riego y ha opinado que «uno de los mayores errores» ha sido dar prioridad a los objetivos ambientales por encima de la actividad productiva.
«No se puede pedir sostenibilidad ambiental destruyendo la sostenibilidad económica de los pueblos», ha aseverado Cobo, quien ha subrayado la necesidad de contar con un Plan Nacional del Agua «a largo plazo» y de «acabar con las agendas globalistas».