No habrá moratoria para los proyectos que hay en marcha de plantas de biometano, pero todos ellos tendrá un tiempo para adaptarse a la nueva normativa que prepara el Gobierno de Castilla-La Mancha que pretende regular la implantación de estas plantas de una forma «garantista y exigente«, que además deja buena parte de la decisión en manos de los ayuntamientos, ya que el pleno deberá aprobar si se instala o no cada planta en cuestión.
Los requisitos de la plantas
Entre otras cuestiones, la nueva norma, que todavía está en fase de borrador y se espera que salga a información pública el 3 de julio, obligará a que estas instalaciones estén a más de dos kilómetros de los núcleos de población, prohibirá que los camiones cargados con los residuos orgánicos pasen por los municipios y el 80% del material que traten tendrá que ser de una procedencia menor a 35 kilómetros.
Así ha respondido la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, sobre la reunión que mantuvo este lunes con las organizaciones que protestan contra la instalación de estas plantas.
«Mantuve una reunión con todos los colectivos regionales, de una forma u otra no quieren que se construyan plantas de biometano. Eso es inviable, no podemos coartar la decisión empresarial y resulta necesario el tratamiento de 15.000 de tolenedas de materia orgánica que produce la región», como son alpechines, los purines de las macrogranjas y los lodos de depuradora.
«No pueden ir al vertedero», ha subrayado la consejera recordando que la normativa europea lo impide y por ello se está haciendo esta normativa, «la primera comunidad autónoma en hacerlo», que pretende valorizar estos residuos, dado que pretenden convertir esos residuos no solo en biometano, también en digestado, un «abono de calidad».
«Una actividad económica muy útil»
Por ello, Gómez ha recordado que estas plantas vienen «a desarrollar una actividad económica muy útil», aunque ha resaltado que es necesaria «una regulación específica porque queremos ser muy garantistas y rigurosos».
El 3 de julio saldrá a información pública el proyecto y todas las asociaciones podrán presentar sus alegaciones durante 30 días, a las que la propia consejera ha animado a hacer sus aportaciones.
Cuando la normativa se apruebe, las plantas que ya están proyectadas tendrán un periodo de transición para que puedan adaptar los proyectos a la nueva regulación.
Otra de las principales novedades del proyecto de la Junta es que deja en manos de los ayuntamientos la instalación de estas plantas, dado que para que se puedan construir deberán contar con la aprobación en pleno municipal de los proyectos.
