La cuenca del Tajo necesita una inversión de 13.593 millones de euros para hacer frente al estrés hídrico y reducir el riesgo de inundaciones, una cifra que supone un 13 % de los 103.824 millones que España requiere en esta materia para la próxima década.
El informe ‘Estrategia e inversiones para la eficiencia y resiliencia hídrica en España’, elaborado por la constructora Typsa y la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan), cifra en 11.994 millones la inversión necesaria en demandas de agua y en 1.599 millones para reducir los efectos de las inundaciones en la cuenca del Tajo.
La mayor partida (de unos 10.000 millones) correspondería a la modernización del ciclo urbano del agua, con actuaciones para renovar las redes de abastecimiento, saneamiento y depuración, mientras que otros 909 millones se destinarían a la adaptación al cambio climático, como la reutilización de aguas depuradas para usos urbanos e industriales.
«La escasez de agua en España ya no es un fenómeno excepcional, sino estructural, y afecta de manera especialmente intensa a cuencas como la del Tajo, donde la demanda del recurso es muy elevada», ha señalado el presidente de Seopan, Julián Núñez.
Núñez ha reclamado «un mayor esfuerzo presupuestario con un marco financiero adecuado» para garantizar «la planificación hidrológica y la seguridad hídrica».
El informe advierte además de que la cuenca del Tajo, pese a disponer de «importantes recursos hídricos naturales», afronta una reducción de la escorrentía natural que supera el 12 %.
A esto se le suma el aumento de la demanda derivado del trasvase Tajo-Segura, así como el crecimiento de los usos industriales y energéticos y del abastecimiento de Madrid.
En materia de inundaciones, el estudio cifra en 2,73 millones las personas que viven en zonas inundables de mayor riesgo en España, de las cuales 52.588 habitan dentro de la demarcación del Tajo.
Por ello, se necesitarían unos 1.519 millones de euros de inversión para implantar medidas de drenaje urbano sostenible y de gestión del riesgo.
El documento alerta finalmente de que solo se ha ejecutado alrededor del 30 % de las medidas previstas en la planificación hidrológica debido a «la falta de disponibilidad presupuestaria» y a la «ausencia de un marco financiero».
«A ello se le suma la lentitud y la falta de eficacia de los procesos de contratación pública (…), lo que reduce la capacidad de respuesta del sistema frente a sequías prolongadas o inundaciones abruptas», concluye el informe.