Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado en pleno la toma en consideración de la proposición de ley de medidas urgentes para la movilización de suelo, el impulso de vivienda y la simplificación urbanística, que entre otros aspectos permite destinar a vivienda edificios propiedad de la Junta de Comunidades.
La proposición ha salido adelante este jueves con el voto a favor de los 17 diputados de la bancada socialista, mientras que los 14 del grupo popular y de Vox se han abstenido.
Durante el debate, el consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha defendido que la ley del suelo y la vivienda es una de las más ambiciosas y novedosas de España y será «pionera» en la regeneración de barrios.
Hernando ha desgranado que la ley busca «romper la dinámica de que, si seguimos haciendo lo mismo de siempre, tendremos los mismos resultados de siempre», y ha subrayado que aporta nuevas herramientas legislativas, como los Planes de Rehabilitación Urbanística (PRU), que será una figura «equivalente» en el ámbito residencial a los proyectos de singular interés (PSI) en el industrial.
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Una herramienta que supone una mejora de las áreas de regeneración y renovación urbana y rural (ARRUR), que «no han funcionado en ningún sitio», y que autonomías como Andalucía o Madrid «ya están viendo cómo copiarlos».
Asimismo, ha apuntado que la ley propone que el suelo terciario «baldío» pueda servir para la construcción de viviendas con protección pública, y ha aseverado que supone «en la práctica, aumentar un 20 por ciento la efidificabilidad y la densidad».
El consejero de Fomento ha detallado que la comunidad autónoma ha movilizado en un año escaso 150 millones de euros en materia de vivienda, y ha recalcado que ha sido la única región en destinar uno de cada cuatro euros de fondos Feder a políticas de vivienda.
Hernando ha invitado en su intervención a los otros dos grupos de la Cámara a reunirse para plantear enmiendas que permita «construir conjuntamente una solución ejemplar para el conjunto de España».
Por su parte también el diputado del grupo socialista, Álvaro Toconar, ha pedido al grupo popular que «facilite» la tramitación de esta ley y que tenga «altura de miras» para ayudar a los jóvenes en el acceso a la primera vivienda.
El diputado socialista ha señalado cuatro pilares en la ley, que en primer lugar busca sacar al mercado suelo para vivienda asequible; dar facilidades a las empresas para que vean rentabilidad en construir viviendas con protección pública; nuevas figuras reguladoras que ha calificado como «vanguardismo urbanístico»; y también centrarse en las zonas rurales.
Una ley «insuficiente y tardía» y que «resta seguridad»
Desde el grupo popular el diputado Ignacio Redondo ha reconocido que hay medidas que comparten en la ley, como la colaboración público-privada, pero ha considerado que es «insuficiente y tardía».
Ha inquirido «qué inversión nueva» la acompaña, a la vez que ha reclamado que se incluyan aspectos como soluciones para la autopromoción de vivienda.
Por último desde el grupo parlamentario Vox, el diputado Francisco Cobo ha cuestionado la figura del PRU y su posible contradicción con los planes de ordenación municipal, y ha argumentado que la ley «crea excepciones, resta seguridad jurídica y debilita a los ayuntamientos».