La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha estudia adaptar las líneas de ayudas para facilitar la mejora de la maquinaria agrícola y reforzar el acompañamiento a los agricultores durante la recolección como medidas de prevención frente a los incendios forestales.
La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha explicado que el Gobierno regional trabaja con las organizaciones agrarias y con las empresas de maquinaria para buscar fórmulas que permitan mejorar los equipos utilizados durante las labores de cosecha y empacado y reducir así el riesgo de incendios.
Lo ha dicho en Ciudad Real en el VI Congreso Ibérico Agropecuario y Forestal, organizado por ASAJA y la Confederación de Agricultores de Portugal (CAP), donde ha señalado que «todavía tenemos margen de mejora» en la maquinaria y ha apuntado a la posibilidad de adaptar las ayudas existentes en materia de mejora de maquinaria para incorporar sistemas que permitan prevenir la aparición de incendios durante la recolección.
Probando nuevos dispositivos
Gómez ha explicado que ya se están probando nuevos dispositivos, entre ellos, sistemas automáticos de CO2 capaces de actuar cuando salta una chispa, con el objetivo de evitar que pueda producirse la ignición.
Pero la prevención, ha indicado, no pasa únicamente por mejorar los equipos, sino también por acompañar a los agricultores durante las labores de recolección con los sistemas de extinción de incendios de la Junta.
Reforzar el papel preventivo
La consejera ha planteado reforzar ese papel preventivo cuando exista riesgo de que un campo pueda entrar en ignición como consecuencia del uso de una cosechadora o una empacadora, especialmente durante los periodos de mayor riesgo de incendios.
En Castilla-La Mancha se han quemado 41.477 hectáreas
La consejera ha recordado que este año han ardido más de 41.477 hectáreas en Castilla-La Mancha, una superficie que supone un 720 % más que la media de los últimos años, lo que, a su juicio, obliga a seguir avanzando en las políticas de prevención.
Ha destacado además la situación de riesgo que se registra en provincias como Cuenca y Guadalajara durante determinadas épocas de la campaña agrícola y ha defendido la necesidad de articular medidas que permitan a los agricultores recoger sus cosechas con mayores garantías de seguridad.
«No creo que haya ningún agricultor que le interese que se queme su cosecha porque, evidentemente, lo pierde todo», ha señalado Gómez, quien ha considerado que agricultores y administraciones tienen que trabajar conjuntamente en esta materia.
Gómez ha planteado asimismo que la futura Política Agraria Común (PAC) tenga en cuenta las medidas preventivas que deben adoptar los agricultores y ha citado la posibilidad de dejar franjas de protección o cortafuegos perimetrales en los cultivos, tanto en la interfaz agrícola-forestal como en las parcelas próximas a viviendas.
Confederaciones Hidrográficas
Gómez también se ha referido a la situación de los expedientes relacionados con las confederaciones hidrográficas y ha explicado que Castilla-La Mancha ya ha presentado una petición a las Confederaciones Hidrográficas del Tajo y del Guadiana para establecer una encomienda de gestión integral que permita agilizar su tramitación.
La intención de la Junta, ha explicado, es extender esta fórmula posteriormente a las confederaciones del Júcar y del Segura, de manera que cuando entre una solicitud de ayuda o un expediente que requiera una concesión o autorización de agua, el Gobierno regional pueda realizar una tramitación integral.
Según ha detallado, esta gestión permitiría que la Junta pudiera abordar en un mismo expediente las evaluaciones ambientales, los informes de medio natural y cualquier otra tramitación necesaria antes de devolverlo a la Confederación correspondiente, que mantendría en todo caso la competencia y la firma final como autoridad hidráulica del Estado.
Gómez ha defendido que existe «mucha necesidad de movimiento en expedientes» y ha puesto como ejemplo la situación del Guadiana, donde, según ha afirmado, existen expedientes «retenidos de hace 10 años sin contestar».
Esta situación, ha considerado, es «inviable» para el Gobierno de Castilla-La Mancha y para los agricultores y ganaderos afectados, por lo que ha reclamado una respuesta del Estado a la propuesta planteada por la Junta, que ha terminado diciendo, «aún no se ha producido».