La nueva ley de espectáculos públicos y actividades recreativas de Castilla-La Mancha regula nuevas formas de ocio surgidas en los últimos años como los festivales de música al aire libre y otras celebraciones en espacios abiertos, al tiempo que también establece medidas de seguridad y orden público, garantiza el ocio sin perturbar el derecho al descanso; y se ocupa de la protección de la infancia y la adolescencia.
El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, lo ha señalado en el pleno de las Cortes regionales de este jueves, que ha comenzado precisamente con el debate del dictamen emitido por la Comisión de Asuntos Generales sobre el Proyecto de Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Castilla-La Mancha, que ha sido aprobado con los votos de la mayoría socialista.
En la sesión se han debatido las enmiendas de los grupos al proyecto de ley que, según ha detallado Ruiz Molina, han sido 72 en total, 48 del PP de las que 27 fueron aceptadas en comisión, y 24 de Vox, rechazadas por atentar contra valores democráticos y presentar sesgos ideológicos, según Ruiz Molina, que ha mencionado también las 3 enmiendas del PSOE.
El objetivo, adaptarse a las nuevas formas de ocio
La nueva ley, ha explicado el consejero, actualiza la normativa anterior de 2011, ya que en estos quince años han aparecido nuevas formas de ocio más dinámico y diverso y es necesario adaptar la norma a estos cambios que tienen que ver sobre todo con los espectáculos al aire libre como los festivales de música o las celebraciones populares.
También establece las causas de prohibición o suspensión de espectáculos, por ejemplo, las relacionadas con la protección de la infancia y la adolescencia, o la posibilidad de que supongan un peligro para el orden y la seguridad públicas, o en el caso de espacios en el medio natural porque exista riesgo alto de incendio forestal.
El consejero ha comentado que se reglamenta una mayor profesionalidad de los encargados de los controles de acceso a los espectáculos, que habrán de superar unas pruebas de aptitud; se establecen planes de inspección, se regula el decomiso en aquellas actividades que no cumplan con la ley, se actualizan sanciones y se fijan horarios para los eventos distinguiendo entre los de verano y los de invierno.
La ponente del proyecto de ley, la diputada socialista Silvia Fernández, ha destacado que esta norma viene a cubrir un espacio vacío, el de los espectáculos en espacios abiertos; así como a aclarar los procedimientos y reforzar la seguridad, la inspección, la coordinación con los ayuntamientos y el régimen de sanciones.
Se pretende dar herramientas a las Fuerzas y Cuerpos de seguridad para actuar; también la protección a menores, prevención de delitos sexuales, control de entrada, acceso a contenidos pornográficos y sexuales y garantizar la convivencia entre el ocio y el derecho al descanso.
La norma ha salido por mayoría del PSOE: PP abstención y Vox, no
El diputado regional del Partido Popular Santiago Serrano, por su parte, ha justificado la posición de su grupo en que el proyecto de ley mantiene, pese a las aportaciones que han sido incluidas en la norma, carencias e incertidumbres en su aplicación sobre todo en lo relacionado con los ayuntamientos; así como también plantea dudas acerca del sector de la tauromaquia, ya que aunque ha recordado que en esta ley regional no se prohíbe la entrada de los menores a los festejos taurinos, sí pretende hacerlo una ley nacional.
Serrano ha defendido que la nueva regulación debe encontrar un equilibrio adecuado entre la protección del interés general y la necesidad de no introducir nuevas trabas burocráticas para quienes organizan espectáculos y actividades públicas.
El diputado de Vox Francisco José Cobo considera que la ley debiera incidir en evitar duplicidades y disminuir la burocracia, defender a los menores, establecer instrumentos jurídicos para poder actuar con cobertura legal en los casos de fiestas ilegales en el medio natural como las «rave«, y en los festejos taurinos, diferenciar si los menores pueden asistir como espectadores o como participantes.