El Gobierno de Castilla-La Mancha ha celebrado la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre, si bien ha advertido de que «hay cuestiones que se quedan fuera» con el fin de la legislatura, entre ellas la aprobación de las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura.
En la rueda de prensa en la que ha informado de los asuntos aprobados en el Consejo de Gobierno, la consejera portavoz del Ejecutivo autonómico, Esther Padilla, ha recordado que el Gobierno de Castilla-La Mancha siempre ha defendido la necesidad de que las elecciones generales y las autonómicas y municipales se celebraran en distintos días y que las generales se produjeran antes que las otras.
«Dada la situación de la legislatura, de mucho frentismo, crispación y contaminación de temas, porque todo lo invade la política nacional, era imprescindible que los ciudadanos pudieran primero opinar sobre lo que se habla constantemente», ha argumentado Padilla.
Con todo, ha lamentado que el adelanto electoral ha provocado que «hay cuestiones que se quedan fuera», como la modificación de las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, a pesar de que -tal y como ha recalcado- deberían haberse cambiado en febrero de 2024.
Padilla ha lamentado que el Gobierno central no lo ha hecho a pesar de que ha «habido tiempo, casi tres años», porque «no podía hacerlo del todo» debido a la correlación de fuerzas en el Congreso, que ha hecho que «se mida cada voto».
Asimismo, y tras recordar que hay siete sentencias del Tribunal Supremo que avalan el cambio de las reglas de explotación del trasvase para reducir las aportaciones del Tajo al Segura, ha lamentado que ya no «hay tiempo material» para su aprobación, porque «no se puede hacer estando en funciones ni aprobar en la Diputación Permanente».
De hecho, ha criticado que el cambio del trasvase no se ha llevado ni a consulta pública, ni al Consejo Nacional del Agua, por lo que no se podrá llevar al Consejo de Ministros ni «por supuesto» hay tiempo para aprobar una ley que modifique las reglas del trasvase, que es a su entender como debería aprobarse el asunto.
«No hay tiempo material. La legislatura ha terminado y Castilla-La Mancha se queda sin la modificación de las reglas de explotación», se ha quejado Padilla, que ha añadido que «no solo Castilla-La Mancha» se queda sin las nuevas normas, pues ha abundado en que «se acaba la Legislatura y no se cumple la ley».
En este sentido, ha indicado que el Gobierno de Castilla-La Mancha presentó una demanda ante el Tribunal Supremo contra al Ejecutivo central por inacción en el cumplimiento de la planificación hidrológica y ha advertido de que «la demanda sigue adelante, no acaba con la legislatura», ya que «se ha presentado ante este Gobierno y seguirá con el gobierno que salga tras el 29 de noviembre».
Otro de los asuntos que ha quedado «en el aire» con la convocatoria electoral ha sido la aprobación de un nuevo modelo de financiación autonómica, pues ha señalado que el actual -que lleva caducado más de una década- «perjudica a Castilla-La Mancha».
Sobre esta cuestión, ha opinado que «está bien que no haya salido adelante» el modelo propuesto por el Gobierno central y ha añadido que el planteamiento de Castilla-La Mancha es que el nuevo modelo de financiación autonómica se apruebe en base a que se garantice el principio de igualdad entre todos los españoles.