El Gobierno de Castilla-La Mancha recurrirá a los tribunales si el Ministerio de Transición Ecológica envía agua desde el río Tajo al Segura tres meses después de su aprobación, el límite del plazo legal para mandarlo según las normas de explotación vigentes actualmente.
Este martes se reúne la Comisión de Explotación del Trasvase Tajo-Segura, que aprobará nuevos trasvases, que se sumarán a los 27 hectómetros cúbicos mensuales, a pesar de que el canal está cerrado por obras a raíz de una rotura en la provincia de Albacete a mediados de septiembre.
Hoy, a preguntas de los periodistas tras la rueda de prensa del Consejo de Gobierno, la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha explicado que aunque físicamente no se pueda mandar el agua, la normativa permite enviarla en un plazo máximo de tres meses desde su aprobación. Se prevé que los trabajos en la infraestructura duren seis meses, por lo que la Junta de Comunidades se ha anticipado, insistiendo en que «si no se pueden trasvasar antes de que finalice este año, no se puede trasvasar», y ya ha avisado de que «si se produjeran después de estas fechas, el Gobierno de Castilla-La Mancha recurriría».
Castilla-La Mancha critica que se apruebe un nuevo trasvase de 27 hectómetros con el canal en obras
Todo esto a la vez que el Gobierno de Emiliano García-Page mantiene la demanda que interpuso en el Tribunal Supremo contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez por el incumplimiento de la modificación de las reglas de explotación.
A la vez, la comunicación con el ministerio es «nula», ha confirmado Mercedes Gómez, y ha contestado a la Región de Murcia que es la Confederación Hidrográfica del Tajo la que tiene que encargarse de las obras y no el ejecutivo autonómico.
Otra cuestión que está encima de la mesa es que quedaban 97 hectómetros cúbicos de agua por enviar cuando se cerró el trasvase, una cantidad que pertenece al año hidrológico anterior, que terminó el 30 de septiembre, y que la Junta cuestiona que se pueda enviar en el actual. «Aquí hay un doble problema (…) hay una pugna que tendremos que dilucidar jurídicamente y es que probablemente tampoco se podrían trasvasar esos recursos, incluso dentro de esos tres meses».
En definitiva, la consejera ha definido la situación actual del trasvase como «bastante caótica».
La titular de Desarrollo Sostenible ha repetido el mensaje que defiende la Junta siempre que se aborda el tema: «No nos vamos a negar al trasvase cuando haya necesidad de consumo humano», pero ha asegurado que actualmente no existe tal emergencia, pues, además, «este año se han trasvasado 600 hectómetros cúbicos cuando lo normal es 350». En definitiva, ha considerado que el Levante «no tiene necesidad. Tienen incluso más agua en algún momento dado que en la cuenca del Tajo».
