El fiscal superior de Castilla-La Mancha, Emilio Fernández, ha advertido de que el 80 % de los delitos sexuales graves enjuiciados en la región son agresiones sexuales con penetración cometidas por adultos contra menores de 16 años, unas agresiones que se producen mayoritariamente a mujeres y «en el ámbito familiar».
Así lo ha expuesto este martes durante una rueda de prensa en las Cortes regionales para presentar la Memoria de la Fiscalía de 2026, correspondiente al ejercicio 2025, en la que ha señalado que el patrón mayoritario es el de hombres adultos que agreden a niñas menores de 16 años y suelen producirse en el círculo familiar o cercano de las víctimas.
Además, a preguntas de los medios, ha rechazado que exista una relación directa entre inmigración y agresiones sexuales, en respuesta a una pregunta sobre los discursos de grupos políticos que vinculan ambos fenómenos.
«No existe esa equivalencia», ha afirmado el fiscal superior, quien ha recalcado que entre los autores de estos delitos hay españoles y extranjeros, con independencia de su situación administrativa. En este sentido, ha insistido en que no existe un fundamento para considerar que quien comete una agresión sexual vaya a ser necesariamente un inmigrante en situación irregular.
«Proporciones preocupantes» del narcotráfico
La Memoria de la Fiscalía de Castilla-La Mancha ha detectado que el narcotráfico en la región está tomando «unas proporciones preocupantes», señalando que mientras que desde hace tres o cuatro años, en materia de delitos contra la salud pública, había una «línea homogénea» con otras regiones del entorno de Castilla-La Mancha, por la cercanía con Madrid, ahora la situación «es muy diferente».
Ha explicado que en algunas provincias, particularmente Toledo y Guadalajara, se ha detectado actividad «de grupos organizados ciertamente peligrosos en muchos aspectos dedicados al tráfico de drogas que causan grave daño a la salud», fundamentalmente cocaína, llegando a propiciar incluso que se haya designado un delegado de la Fiscalía Antidroga en Toledo.
«En Toledo hay una actuación de grupos criminales dedicados al tráfico de drogas de carácter relevante en todas sus vertientes, es decir, en el tráfico de drogas que causan grave daño a la salud, cocaína fundamentalmente, y drogas sintéticas y también en el cultivo indoor de hachís», y ahora se está tratando de conseguir otro Fiscal Antidroga o un enlace de dicha Fiscalía para la provincia de Guadalajara.
La ciberdelincuencia, «absolutamente disparada» con la IA
La memoria recoge también la preocupación por el crecimiento de la ciberdelincuencia, que Fernández ha definido como «absolutamente disparada» y caracterizada por una «grandísima impunidad»
El fiscal ha citado los datos del Ministerio del Interior, según los cuales en 2025 se registraron en España 488.426 ciberdelitos, cerca del 20% de toda la criminalidad. La mayoría, alrededor del 85%, fueron estafas y otros fraudes informáticos.
Fernández ha advertido de que la inteligencia artificial está facilitando la comisión de estas infracciones al permitir perfeccionar los engaños, suplantar identidades y elaborar mensajes fraudulentos cada vez más convincentes. Ha considerado que estos delitos están «evolucionando a peor», ya que, aunque la IA «puede ser una ventaja para nuestra vida» como ciudadanos, también permite que sea «relativamente muy fácil» para los delincuentes el poder lanzar «señuelos que llevan a engañar a decenas de miles de personas».
También ha alertado del denominado «cibercrimen como servicio», mediante el que personas sin conocimientos técnicos pueden adquirir herramientas para organizar ataques y campañas de fraude a gran escala.
En este punto, ha mencionado la existencia de «granjas de tarjetas SIM», la posibilidad de hacerse en internet con «decenas de miles de direcciones de teléfonos, de números de carné de identidad, de cuentas de correo electrónico, etcétera, que pueden llevar a cometer actuaciones delictivas y la inteligencia artificial lo que hace es que esos delitos sean más imperceptibles por parte de la víctima».
La Fiscalía mantiene, además, la atención sobre los delitos digitales que afectan a menores, especialmente el acoso, las amenazas y la captación de niños y niñas para generar material de abuso sexual infantil.
En este punto, y en relación a los menores, el fiscal superior ha lamentado que la convocatoria electoral ha interrumpido la tramitación del Proyecto de Ley orgánica de protección de los menores en los medios digitales, «que trataba un poco de poner orden en el acceso de los menores, de los niños y niñas, a los contenidos digitales, a las páginas web, a las redes sociales», acabando algunas de estas situaciones «con la elaboración o con la captación de estos menores para realizar material autogenerado de abuso sexual infantil».
«Esto nos preocupa extraordinariamente. Tratamos de potenciar la acción de la Fiscalía, que requiere una previa actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado, y ahí vamos avanzando», ha subrayado.
La violencia de género se mantiene y crece la ciberviolencia
La violencia de género continúa sin experimentar un descenso significativo en Castilla-La Mancha. Fernández ha señalado que las cifras mantienen una cierta estabilidad y ha mencionado también la violencia vicaria entre los ámbitos que requieren atención.
Preguntado por la evolución de la ciberviolencia de género, el fiscal superior ha asegurado que sigue creciendo de forma paralela a los delitos cometidos a través de las nuevas tecnologías.
Entre las conductas que generan preocupación figuran las amenazas, las injurias, la creación de perfiles falsos y la difusión de contenidos íntimos de las víctimas, incluso cuando esas imágenes se obtuvieron inicialmente con su consentimiento.
Aumentan las muertes laborales pese al descenso de los accidentes
La siniestralidad laboral sigue siendo otro de los asuntos que más preocupan a la Fiscalía regional. Aunque los accidentes de trabajo disminuyeron ligeramente en 2025 y durante los primeros meses de 2026, las víctimas mortales aumentaron, según ha explicado Fernández.
El fiscal ha recordado que la institución ha firmado convenios con la Inspección de Trabajo y la Administración autonómica para reforzar la prevención de riesgos laborales y tratar de reducir los fallecimientos.
Como ejemplo, ha aludido a la muerte reciente de un trabajador en Albacete que sufrió un corte en una arteria de la pierna mientras manejaba una motosierra. Según ha señalado, el posible incumplimiento de las medidas de prevención, incluido el uso de ropa de protección adecuada, pudo influir en el desenlace.
Fernández ha defendido que las empresas deben consolidar una cultura de prevención y cumplimiento de la normativa para evitar accidentes que dejan víctimas mortales y graves consecuencias para sus familias.
Asimismo, ha denunciado la lentitud de los procedimientos judiciales relacionados con infracciones de la normativa laboral, que tardan una media aproximada de seis años en recibir respuesta.
