El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la declaración de zona catastrófica a los territorios quemados por los incendios forestales y las áreas inundadas desde el pasado 23 de junio en 16 comunidades -entre ellas Castilla-La Mancha-, según ha informado la ministra portavoz, Pilar Alegría.
Así, el Gobierno ha habilitado este martes el procedimiento para que todos los damnificados por 22 emergencias de protección civil registradas en Castilla-La Mancha desde el pasado 23 de junio soliciten las ayudas de distinto tipo previstas en la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil.
La provincia que más zonas afectadas ha registrado por incendios forestales es Toledo, con doce, situadas en: Talavera de la Reina, dos zonas de Los Navalucillos, Gamonal, dos zonas de Calera y Chozas, Méntrida, Maqueda, La Torre de Esteban Hambrán, Cazalegas, Navalmoralejo, y Las Ventas de Retamosa.
En Ciudad Real se ha reconocido la emergencia en Piedrabuena, Almódovar del Campo, tres zonas de Brazatortas, Calzada de Calatrava, Luciana y Alcolea de Calatrava, ocho zonas en total.
Por otro lado, también se ha incluido los incendios forestales de Salobre (Albacete) y La Huerce (Guadalajara).
En el apartado de lluvias, no ha habido ninguna zona declarada como afectada.
En total, en España, los incendios que han sido declarados como zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil son 121, los siguientes:
Por su parte, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha señalado que estas emergencias, que ha cuantificado en 118 a nivel nacional (113 de ellas grandes incendios forestales) son la mayor catástrofe de los últimos años y ha dicho que el Gobierno ha acordado abrir ya la vía para que los perjudicados puedan reclamar ayudas que por ley les corresponda.
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En concreto, el gabinete que preside Pedro Sánchez, en su primera reunión tras el descanso estival, ha aprobado la declaración de zonas afectadas por una emergencia de Protección Civil en 16 de las 17 comunidades autónomas, para todos los desastres relacionados con el cambio climático en estos tres últimos meses, tanto incendios forestales como inundaciones.
Marlaska ha precisado que la declaración no contiene ayudas concretas, pero sí permite que todos los departamentos competentes empiecen a dictar las órdenes y resoluciones oportunas para que esas zonas territoriales que han sufrido la emergencia puedan recibir la bonificación correspondiente.
Ha recordado que la ley de Protección Civil, en su artículo 24, establece qué tipo de medidas se pueden adoptar: por ejemplo, las fiscales corresponden al Ministerio de Hacienda, que con todos los datos que vaya obteniendo de lo que presenten los perjudicados dictará las resoluciones oportunas.
También podrá haber bonificaciones a la Seguridad Social, medidas labores o apoyo a los daños en la agricultura, entre otros.
Y ello sin perjuicio de que el Gobierno, cuando sea preciso, pueda acordar las ayudas correspondientes y aprobar un real decreto más técnico.