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sábado, 27 de abril de 2024
Toro bravo
Imagen de un toro.
Prohibidos por el Congreso y Senado - 02 septiembre 2023 - Toledo

La Fundación Franz Weber ha anunciado este sábado la formalización de una denuncia administrativa contra la organización de un «espectáculo cómico taurino» previsto para este misma jornada en Villaseca de la Sagra (Toledo).

Esta denuncia es interpuesta por ser contrario a la normativa estatal, el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.


El Congreso y Senado prohibieron los «espectáculos taurinos cómicos»

Los naturalistas fundamentan su escrito en la Disposición adicional decimotercera, que en su apartado 2 señala que «quedan prohibidos los espectáculos o actividades recreativas en que se use a personas con discapacidad o esta circunstancia para suscitar la burla, la mofa o la irrisión del público de modo contrario al respeto debido a la dignidad humana».

En los últimos meses, tanto el Congreso como el Senado ratificaron por mayoría la enmienda, que prohibía de facto la convocatoria de los mal llamados espectáculos taurinos cómicos, cuyo desarrollo busca las risas del público sobre personas con acondroplasia, según ha informado la fundación en nota de prensa.

La reforma legislativa fue el colofón a varios años de denuncias y presión de las entidades que atienden a personas con diversidad funcional como la Asociación Nacional para Problemas de Crecimiento, la Fundación ALPE Acondroplasia, ADEE España, Afapac o CERMI. También Fundación ONCE anunció la puesta en marcha de un programa de integración sociolaboral para este grupo poblacional.

FFW ha considerado urgente la respuesta de la Junta de Castilla-La Mancha, recordando que Extremadura, Andalucía y la Región de Murcia han denegado permisos a idéntico espectáculo por su condición contraria a la normativa estatal.

Los naturalistas tampoco descartan solicitar al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 que ponga en marcha los mecanismos legales necesarios para sancionar a todas aquellas personas responsables del permiso.

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