La aplicación de la condicionalidad reforzada de la Política Agrícola Común (PAC) dejó en Castilla-La Mancha 729 incumplimientos durante la campaña 2024, correspondientes a 280 beneficiarios, según los datos recogidos en el último informe del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA).
La comunidad contaba con 93.070 beneficiarios afectados por la condicionalidad, de los que 48.175 formaban parte del universo muestral de explotaciones de más de 10 hectáreas. De estos últimos, 495 fueron incluidos en la muestra de control sobre el terreno.
Controles sobre el terreno
Los 495 agricultores controlados sobre el terreno representan el 1,03 % de los 48.175 beneficiarios de más de 10 hectáreas existentes en Castilla-La Mancha a efectos de este sistema de control.
El porcentaje se encuentra por debajo de la media española, situada en el 1,53 %, aunque supera el mínimo de control que toma como referencia el informe. En el conjunto nacional se realizaron inspecciones sobre el terreno a 4.225 beneficiarios de un universo muestral de 276.230.
De los 495 beneficiarios castellanomanchegos incluidos en la muestra, 386 fueron seleccionados mediante análisis de riesgos y 109 de forma aleatoria, equivalentes al 77,98 % y 22,02 %, respectivamente.
280 incumplimientos
Uno de los datos más significativos para Castilla-La Mancha aparece al analizar los resultados de las inspecciones. El FEGA contabiliza 280 beneficiarios con incumplimientos, de los que 229 fueron detectados mediante controles sobre el terreno.
Esto supone que el 81,79 % de los beneficiarios con incumplimientos contabilizados en la región tenía incidencias detectadas mediante controles sobre el terreno.
El informe registra además otros 51 beneficiarios con incumplimientos identificados mediante otros controles.
Si se relacionan directamente los controles sobre el terreno con sus resultados, los datos muestran que 229 de los 495 beneficiarios inspeccionados presentaron algún incumplimiento, alrededor del 46 %.
La selección mediante análisis de riesgos mostró además una mayor capacidad de detección. Entre los 386 beneficiarios castellanomanchegos seleccionados mediante este procedimiento, 185 presentaron incumplimientos, un 47,93 %. En la muestra aleatoria fueron 44 de los 109 controlados, un 40,37 %.
Más incumplimientos de los Requisitos Legales de Gestión
En total, el informe contabiliza 729 incumplimientos en Castilla-La Mancha, de los que 660 fueron detectados mediante controles sobre el terreno.
Dentro de estos últimos, 573 correspondieron a Requisitos Legales de Gestión (RLG) y 73 a las Buenas Condiciones Agrarias y Medioambientales (BCAM), según el desglose autonómico del FEGA.
Casi 300.000 euros en penalizaciones
Los incumplimientos tuvieron también consecuencias económicas. El FEGA cifra en 297.216,99 euros las penalizaciones por condicionalidad reforzada aplicadas en Castilla-La Mancha durante la campaña.
El importe de ayudas antes de las reducciones correspondiente al universo de beneficiarios sometidos a condicionalidad ascendía a 684,29 millones de euros, por lo que las penalizaciones representaron el 0,04 % de esa cantidad.
En términos absolutos, Castilla-La Mancha registró así uno de los mayores importes de penalización del país: solo Murcia, con 445.930,98 euros, y Andalucía, con 326.499,54 euros, se situaron por encima. Castilla y León quedó inmediatamente por detrás, con 271.607,66 euros.
