El Ayuntamiento de Toledo tiene hasta el día 30 de septiembre de 2026 para aprobar definitivamente la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones si no quiere tener que devolver 8,8 millones de euros en subvenciones que la Unión Europea le otorgó para este proyecto.
En una rueda de prensa este lunes, el concejal de Movilidad, Iñaki Jiménez, a preguntas de los periodistas, ha trasladado que el Ministerio de Transportes ha dado un margen de tres meses para que la ZBE sea una realidad, o de lo contrario, el gobierno de Carlos Velázquez perderá los fondos europeos asignados.
Todos los municipios con más de 50.000 habitantes tenían que tener implantada su ZBE el día 1 de enero de 2023, sin embargo, algunas ciudades de Castilla-La Mancha, entre ellas Toledo, no cumplieron y ahora, después de varias prórrogas, hay una fecha límite definitiva.
En la capital regional, aunque su consecución debería haber sido sencilla gracias a la mayoría de PP y Vox, la negativa del partido de ultraderecha -además de PSOE e IU– tumbó la ordenanza. Algo que el concejal del área ha dicho no entender, pues, además, ha defendido que es una normativa «laxa», que «no afecta a los empadronados» y que «protege el patrimonio» de la ciudad.
Vox Toledo se niega a aprobar la ZBE y anima al PP a pactar con el PSOE para sacarla adelante
Jiménez ha reprochado a sus compañeros de gobierno local que «votaron en contra de algo de obligado cumplimiento en lo que hemos trabajado los grupos», achacando el no del partido de Inés Cañizares a «una pataleta», «una llamada» del líder de la formación a nivel nacional, Santiago Abascal.
El concejal ha insistido: «Llama la atención que los grupos no sepan la magnitud de lo que se viene si no se aprueba», por lo que ha avanzado que esta semana se reunirá con los representantes políticos para intentar desbloquear el proyecto.
