El portavoz del equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Toledo, Juan José Alcalde, ha señalado que el Grupo Socialista debería plantearse la dimisión de la exalcaldesa Milagros Tolón y de su portavoz Noelia de la Cruz, por incumplir una sentencia judicial y que ahora obliga a subir el recibo del agua a los toledanos.
Toledo | Velázquez: «La sentencia del agua, una irresponsabilidad del Gobierno del PSOE»
No se “aventuran” en dar la cifra de subida, pero «muy gravosa no va a ser»
“Deberían ser más responsables en sus declaraciones y si tienen que asumir responsabilidades políticas que las asuman”, ha expresado el portavoz municipal, en una rueda de prensa en la que ha estado presente la concejala de Obras, Servicios y Parques y Jardines, Loreto Molina, quien ha afirmado que la subida de agua «muy gravosa no va a ser».
Pese a ello, ambos miembros del Gobierno Municipal no han querido ofrecer la cantidad concreta de este incremento en la factura de agua: «Me parece aventurado dar el dato sin tener el cálculo completo», afirmaba la concejala de esta área.
Ejecución forzosa de la sentencia del agua
El portavoz ha señalado que en el año 2014, por acuerdo de la Junta de Gobierno de Toledo, el equipo de Gobierno reconoce el equilibrio económico-financiero de la Concesión y, con objeto de restablecer el reequilibrio, acuerda una serie de medidas, como reducir las mejoras de inversión en dos tercios.
Cuatro años después, en 2018, se ejecuta parcialmente ese acuerdo y se aprueba aplicar para 2018 un incremento de tarifas del 4,29% más el IPC, en 2019 un 1,41 más el IPC y ordenar la revisión extraordinaria quinquenal, a realizarse en 2019, con los datos de 2018, para su aplicación en el período 2020-2024.
Ante la “inacción y pasividad” del Ayuntamiento, la empresa concesionaria TAGUS, se ve obligada a interponer un recurso contencioso-administrativo. En enero de 2023, cuando aun gobernando el Partido Socialista, el Ayuntamiento fue condenado a ejecutar los acuerdos de la Junta de Gobierno de la ciudad de 2014 y 2018.
Alcalde ha señalado que “esa sentencia era definitiva y el Ayuntamiento tenía dos meses para su cumplimiento”. Finalmente, este mes se ha emitido una ejecución forzosa de la sentencia y el auto debe cumplirse en un plazo de 10 días.