El magistrado Luis Casero Linares ha tomado posesión este viernes como nuevo presidente de la Audiencia Provincial de Ciudad Real, donde releva a María Jesús Alarcón Barcos tras la expiración de su mandato, en un acto celebrado en la sede de la Audiencia y en el que ha reclamado más jueces ante unos tiempos de respuesta “disparados”.
Casero, natural de Tomelloso y magistrado de la Sección Primera de la Audiencia Provincial desde 1997, asume la Presidencia como “la culminación” de un proceso y, al mismo tiempo, como el inicio de una nueva etapa en un órgano judicial en el que ha desarrollado buena parte de su carrera profesional.
Antes de tomar posesión, el nuevo presidente ha reconocido a los medios de comunicación que el acto tiene una carga “muy emocionante” por lo que supone dentro de su trayectoria. “Llevo aquí muchísimos años y somos una gran familia, afortunadamente. Ahora me toca a mí estar al frente”, ha señalado.
Casero Linares acumula más de tres décadas de carrera judicial. Licenciado en Derecho por la Universidad de Granada, inició su andadura profesional como secretario judicial en Badalona en 1989 y accedió a la judicatura en 1992, con destino en La Carolina. Posteriormente ejerció en Las Palmas de Gran Canaria y Badajoz, antes de incorporarse a finales de los años noventa a la Audiencia Provincial de Ciudad Real.
El magistrado ha explicado que uno de sus principales objetivos será preservar el “buen ambiente” interno de la Audiencia, pero también afrontar los problemas derivados del “incremento enorme” de la carga de trabajo, que a su juicio ha provocado que los tiempos de respuesta se hayan “disparado”.
En este sentido, ha avanzado que insistirá en la necesidad de reforzar la plantilla de magistrados, aunque ha admitido que esa decisión no depende directamente de la Presidencia de la Audiencia.
Casero ha señalado que la Audiencia Provincial de Ciudad Real cuenta actualmente con nueve magistrados, distribuidos en dos secciones, una con cinco integrantes y otra con cuatro.
Según ha indicado, la memoria que presentará próximamente la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha apunta a que, por carga de trabajo, serían necesarios, al menos, cuatro magistrados más.
No obstante, ha apuntado que, por el momento, los planes del Ministerio no contemplan nuevas plazas para la Audiencia, aunque sí ha mencionado otros refuerzos previstos en la provincia, como en Puertollano.
Además de la situación de la Audiencia Provincial, Casero ha subrayado que otra de sus funciones será estar pendiente de los problemas de los distintos juzgados de la provincia, que, según ha señalado, también son “muchos”.
31 plazas judiciales de déficit en la región
La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, María Pilar Astray Chacón, presente en el acto, ha respaldado la reivindicación planteada por Casero y ha recordado que se lleva “mucho tiempo” reclamando un aumento de la planta judicial en la región.
Astray ha explicado que el reparto de plazas judiciales se realiza principalmente por criterios de población, un sistema que, a su juicio, no refleja bien la realidad de comunidades extensas y dispersas como Castilla-La Mancha o Castilla y León.
“No es igual repartir por población en Madrid, una comunidad uniprovincial, que en Castilla-La Mancha”, ha señalado.
En este sentido, ha indicado que la región sigue arrastrando una petición de 52 plazas judiciales, entre órganos colegiados, unipersonales y jueces de adscripción territorial.
Según ha precisado, la nueva propuesta del Ministerio recoge 21 plazas, aunque todavía no está confirmada hasta la publicación del real decreto, por lo que quedarían pendientes otras 31.
“Somos prudentes pidiendo. Son muchas plazas, pero son muchas las necesidades”, ha afirmado Astray, quien ha advertido además de que la cobertura de esas plazas no será inmediata y previsiblemente se hará de forma escalonada, ya que también dependerá de la disponibilidad de jueces procedentes de la escuela judicial.
Una justicia «profesional»
Preguntado el nuevo presidente por el debate público sobre la politización de la justicia, Casero ha defendido que la percepción desde las provincias es distinta a la que puede existir en Madrid y ha asegurado que, con carácter general, la justicia “no está politizada”.
“Somos profesionales, trabajamos y cada uno tiene sus sensibilidades y su forma de entender las cosas, pero la justicia sigue trabajando en el día a día, sacando como mejor podemos, con los pocos medios que tenemos”, ha afirmado.
El nuevo presidente ha reconocido que existen casos “muy mediáticos” que generan lecturas públicas y críticas hacia la actuación judicial, algo que ha considerado legítimo en una administración que proyecta decisiones hacia la ciudadanía.
“Los ciudadanos tienen todo el derecho a hacer la crítica que consideren, sabiendo que no nos mueve una perspectiva política, sino simplemente juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, que es lo que nos manda nuestra Constitución”, ha concluido.
