Seis personas han sido detenidas y ocho más han resultado investigadas por formar parte de una organización criminal asentada en Murcia, que operaba en esta y otras provincias, entre ellas Ciudad Real, y que defraudó más de dos millones de euros en la distribución y venta de hidrocarburos al margen del control fiscal.
La operación Vatoil-Visco ha sido desarrollada por la policía judicial de la Guardia Civil en Alicante y la Sección II de Investigación Económica del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria de esta provincia, con el apoyo del instituto armado de Murcia, y ha conseguido precintar tres depósitos con 86.000 litros de carburante y los surtidores de tres estaciones de servicio.
La red se servía de un entramado de empresas para adquirir y distribuir el producto, así como de documentación mercantil alterada para dar apariencia legal a las operaciones y ocultar el origen de los beneficios.
Solo en 2025, y únicamente en relación con dos de las sociedades investigadas, la organización habría dejado de ingresar alrededor de 400.000 euros en concepto de impuesto sobre el valor añadido (IVA) y más de 1.800.000 euros en concepto de impuesto especial sobre hidrocarburos.
En la provincia de Murcia se han practicado seis registros, uno de ellos en una nave industrial y los otros cinco en domicilios, donde fueron detenidos de forma simultánea cinco de los implicados; un sexto sospechoso fue localizado y detenido al día siguiente en esa misma provincia.
En dichos registros fueron intervenidos cinco vehículos de alta gama, alrededor de 9.000 euros en efectivo y abundante documentación relacionada con la actividad investigada.
Con carácter preventivo se precintaron tres depósitos que contenían 86.000 litros de carburante y los surtidores de tres estaciones de servicio situadas en Villajoyosa (Alicante), Miguelturra (Ciudad Real) y Linares (Jaén), y se han logrado bloquear más de 60 cuentas bancarias vinculadas al entramado.
A los detenidos se les atribuye delitos de pertenencia a organización criminal y, con distinto grado de participación, los delitos contra la Hacienda Pública, contra los consumidores, daños, falsedad documental, estafa y blanqueo de capitales.
Todos ellos han sido puestos a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Orihuela, y uno ingresó en prisión en virtud de un señalamiento judicial que ya se encontraba vigente con anterioridad, mientras que el resto quedó en libertad con la imposición de medidas cautelares.