El Juzgado de lo Social de Toledo ha ordenado al Gobierno de Castilla-La Mancha a “cumplir sin más dilación” las medidas preventivas para garantizar la seguridad de los Agentes Medioambientales que le instó a implantar la Inspección de Trabajo en 2016, informó Comisiones Obreras, el sindicato que interpuso las sucesivas denuncias.
«Desde 2011, con el PP en el poder»
CCOO recuerda que tales incumplimientos se remontan a 2011, con el PP en el poder. Desde entonces, «la Administración lleva sin proporcionar a los Agentes ni la formación obligatoria ni instrucciones precisas para hacer frente a situaciones de riesgo de acoso o violencia externa, a menudo en solitario y frente a individuos o grupos de personas armadas; y sin garantizar tampoco la confidencialidad de sus datos personales», subraya CCOO.
El sindicato destaca que «es ya la cuarta sentencia que condena al Gobierno de CLM por poner en riesgo la seguridad de los AAMM, todas ellas instadas y ganadas por CCOO, tres en primera instancia y otra en el TSJ CLM».
CCOO explica que «los incumplimientos de la Consejería ahora condenados se remontan a 2011, dirigida entonces por María Luisa Soriano (PP). Tras advertir reiteradamente a la Administración que se estaba exponiendo a graves riesgos a los agentes, y ante la inacción de la Consejería», CCOO acudió en mayo de 2014 a denunciar la situación ante la Inspección de Trabajo.
«Incumplimientos sistemáticos»
Añade el sindicato que la Inspección (ITSS) «constató los incumplimientos sistemáticos en que venía incurriendo la Consejería y en junio de 2016, ya con Francisco Martínez Arroyo (PSOE) como consejero, instó a corregirlos en el plazo de seis meses. En septiembre emitió un nuevo requerimiento tras comprobar que la documentación que había remitido la Administración para intentar aparentar el cumplimiento del requerimiento anterior incidía en falsedades».
En abril de 2017, «cuatro meses después de vencer todos los plazos, la Inspección volvió a constatar que la Consejería seguía sin cumplir, más que de forma parcial, los requerimientos reiteradamente formulados», añade CCOO.
«Informe demoledor de Inspección»
Dos años y medio más tarde, -añaden- ya en octubre de 2019, en respuesta a la nueva denuncia planteada por CCOO, la Inspección emitió un «demoledor» Informe-Denuncia “del que se concluye que la Administración demandada no ha dado cumplimiento a los requerimientos de la ITSS realizados en septiembre de 2016, pese al tiempo transcurrido”.
«Así lo destaca la sentencia», asegura CCOO, «que da por probados todos los hechos denunciados por CCOO y constatados en los sucesivos informes de la ITSS; rechaza todas las alegaciones de la JCCM y condena a la Administración demandada a dar correcto cumplimiento, sin más dilaciones que las debidas a la preparación de las actuaciones tendentes a la contratación de los servicios que se precisen, a las medidas preventivas requeridas por la ITSS”, subrayan de la sentencia.
En concreto, el magistrado-juez ordena a la JCCM, informa CCOO, que “proceda a impartir la formación necesaria a los AAMM a fin de reducir al mínimo posible el riesgo de violencia; a adoptar medidas eficaces para garantizar la confidencialidad de los datos personales de los AAMM”; y a cumplir con las medidas preventivas propuestas por el servicio de prevención, y concretamente las referidas a la realización de trabajos aislados y tareas que puedan ocasionar un acoso o violencia externa”.
[ze_summary text=»Según CCOO, Inspección y el juez han afeado la conducta del Gobierno regional»]Según CCOO, Inspección y el juez han afeado la conducta del Gobierno regional[/ze_summary]Según el sindicato denunciante, tanto la ITSS como la sentencia «afean a la Consejería tanto haber eludido durante años los requerimientos de la Inspección como los subterfugios con los que trató de aparentar el cumplimiento; y finalmente los argumentos inverosímiles con los que trató de justificarse».
Así, precisa, «cuando la ITSS calificó de deficientes, contradictorios y hasta ilógicos los ‘Protocolos de actuación de los AAMM frente a riesgos derivados del trabajo aislado o violencia externa’ implantados por la Consejería, la Administración terminó por reconocer que encargó su elaboración a ‘empleados públicos sin formación preventiva’. Y cuando la Inspección constató que la consejería publicaba permisos de caza ‘en los que se identifica con nombres y apellidos a los AAMM que van a llevar el control’, la Consejería lo achacó a errores humanos”.
Contra la sentencia cabe recurso de Suplicación ante el TSJCLM
Contra la sentencia cabe recurso de Suplicación ante el TSJCLM. «Recurso que esperamos que el Gobierno de CLM se cuide de presentar y nos ahorre así a todos tiempo y dinero. Se trata ni más ni menos que de cumplir la Ley para evitar que los AAMM sigan afrontando en sus tareas cotidianas todo tipo de riesgos, especialmente graves en un colectivo expuesto a acoso y violencia externa, incluso a menudo frente a personas armadas, como recalcan la ITSS y la sentencia», ha afirmado Ramón González, coordinador del Sector Autonómico de CCOO-FSC CLM.
González ha añadido: «Afortunadamente, en CLM no se han tenido que lamentar hechos luctuosos que sí han sucedido en otras comunidades de España. De haber ocurrido aquí, de haberse producido algún suceso mortal o irreversible durante todo el tiempo en que la Consejería de Agricultura ha burlado los requerimientos de la ITSS, cuáles y de quiénes hubieran sido las responsabilidades?”, se pregunta.
«Confiamos en que el equipo ahora responsable del colectivo de AAMM, transferido de la Consejería de Agricultura a la de Desarrollo Sostenible, cambie radicalmente la forma de actuar de sus predecesores», concluyó Ramón González.