El Ministerio para la Transición Ecológica ha iniciado el proceso legal para la modificación de las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, con una consulta pública previa a la aprobación del proyecto de real decreto que modifique definitivamente estas reglas, en cumplimiento con el Plan Hidrológico del Tajo.
Hasta el 2 de mayo, el Ministerio que dirige Teresa Ribera recogerá las propuestas de los sujetos y organizaciones más representativas y que estén potencialmente afectados por la norma futura, con cuatro puntos a resolver.
El primero, los problemas que se pretenden solucionar con la nueva norma, también la necesidad y oportunidad de su aprobación, los objetivos de la norma y las posibles alternativas regulatorias y no regulatorias.
Es el primer paso legal hacia la modificación del memorándum del Tajo de 2014, que se produce después de las reuniones de la mesa técnica que se creó entre las partes afectadas, para cumplir así con lo establecido en el Plan del Tajo aprobado en 2023, que instauraban por primera vez caudales ecológicos mínimos en el Tajo, para dar cumplimiento a su vez con las cinco sentencias de Tribunal Supremo que así lo exigían y también con la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea.
Así, las comunidades autónomas y el resto de organizaciones afectadas tienen 15 días naturales desde este jueves para presentar sus propuestas, finalizando el plazo el 2 de mayo.
Precisamente ayer la portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, reclamaba que el proceso saliese a consulta pública y un día después ya está en marcha.
La propuesta de Castilla-La Mancha
Castilla-La Mancha ya presentó su propuesta, en la que defendía que ahora es la región que se enfrenta a una situación de mayor vulnerabilidad en comparación a las comunidades autónomas receptoras del trasvase (Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía).
Una vulnerabilidad que, según argumenta el Gobierno regional, viene dada porque las normas del trasvase se diseña con un volumen de aportaciones hídricas que no se corresponde con la actualidad, donde se han visto mermadas por el trasvase. Además, también argumenta que la región no tiene acceso a otras fuentes alternativas de agua, como sí ocurre en el Levante con la desalación.
Así, también recuerda que el actual trasvase supone una «transgresión» del ordenamiento jurídico actual, puesto que se detalla que la cuenca decente tiene prioridad sobre la receptora, algo que no pasa en el caso de la cuenca del Tajo.
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