El grupo parlamentario socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha va a presentar dos enmiendas, a petición del Gobierno regional, para evitar «dudas» y acabar con la «demagogia» del PP respecto a la Ley de Agricultura Familiar de 2023, y para mejorar la Ley de Evaluación Ambiental incluyendo la participación de los ayuntamientos.
Lo ha avanzado en rueda de prensa la consejera portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, quien ha señalado que son dos enmiendas del PSOE a la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2024, cuyo plazo de presentación finaliza este jueves día 15.
Una de las enmiendas busca modificar la Ley de Agricultura Familiar y de Acceso a la Tierra en Castilla-La Mancha, que entró en vigor el 18 de abril de 2023 y que es «la mejor» ley de agricultura familiar posible, ha dicho Padilla.
El objetivo de la enmienda es que la ley se pueda desarrollar y salvaguardarla de «bulos y mentiras» del Partido Popular, y lo que establece es que la cesión al banco de tierras será exclusivamente de uso y en ningún caso de propiedad, y que la cesión podrá suspenderse en cualquier momento si la propiedad quiere.
«No ha habido ninguna expropiación, ni la va a haber», ha subrayado la portavoz del Gobierno, quien ha querido recordar que en la ley actual «no se planteaba ninguna expropiación», sino que lo que se pretendía era garantizar el uso agrícola de las tierras, aumentar la productividad y facilitar el relevo generacional.
«El Gobierno regional ha impulsado esta enmienda para modificar la ley, que quede clarísimo y que nadie pueda confundir», ha insistido.
Padilla ha subrayado que la ley no plantea la expropiación, como criticó el PP, sino destinar el suelo a uso agrícola y facilitar el relevo generacional, y ha señalado que la agricultura supone en este momento el 18 % del PIB de Castilla-La Mancha cuando en 2015 era del 12 %, algo que se debe a las buenas decisiones tomadas por el Gobierno regional.
Esta enmienda se realiza a petición de las organizaciones agrarias, con las que también se había consensuado la Ley inicial.
Implicar más a los ayuntamientos en la evaluación ambiental
La segunda enmienda modifica la Ley de Evaluación Ambiental para potenciar la participación de los ayuntamientos en la tramitación de los proyectos que se ubiquen en sus municipios, de modo que «no se implantará un proyecto que el ayuntamiento no considere adecuado», ha señalado la portavoz.