La Otra Guadalajara ha criticado hoy que, tras desestimarse todos los recursos, la Subdelegación del Gobierno mantiene la sanción a dos de sus miembros por ejercer su derecho de libertad de expresión en una protesta contra los recortes en enero de 2014, durante una visita de la entonces presidenta regional María Dolores de Cospedal a Molina de Aragón.
En concreto, las personas sancionadas son Miguel García Navarrete y Jerónimo Lorente Hernández con quienes se solidariza esta plataforma ciudadana, que destaca que, una vez agotada la vía administrativa por desestimación de todos los recursos, «sólo cabe recurrir ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, lo que conlleva un desembolso económico importante de dinero y tiempo que no se va a realizar».
En este sentido, La Otra Guadalajara lamenta que defender las libertades constitucionales «ahora cuesta dinero» y denuncia que ésta es «la medida disuasoria que, en tiempos de crisis, imponen algunos para impedir que las voces de la protesta salgan a la calle».
La multa es de 300 euros a cada uno «por ejercer el derecho a la libertad de expresión», recalca la plataforma ciudadana, quien recuerda que esta se impuso siendo subdelegado del Gobierno en Guadalajara el ahora candidato al Senado por el PP en las próximas elecciones generales Juan Pablo Sánchez.
En opinión de La Otra Guadalajara, dichas sanciones son «injustas, discriminatorias e injustificadas», ya que ambos sancionados participaron en una protesta en la que «no hubo convocatoria de concentración, sino que fueron los ciudadanos los que espontáneamente se manifestaron de forma pacífica contra los brutales recortes, el desmantelamiento de los servicios y de puestos de trabajo en la comarca».