La reforma de la Ley de coordinación de policías locales de Castilla-La Mancha que ha defendido el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas de la Junta en las Cortes regionales, Juan Alfonso Ruz Molina, no ha conseguido los votos a favor de PP y de Cs, que se han abstenido en la comisión de Asuntos Generales tras el debate de las enmiendas.
En la sesión plenaria, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha pedido a los grupos de la oposición que «recapaciten» y apoyen la modificación de la norma. Ruiz Molina ha explicado que el objetivo de la actualización de la ley es adaptarse a la realidad actual del cuerpo policial y llega a las Cortes con el consenso de la Comisión regional de coordinación de los grupos de policías locales.
El consejero de Hacienda ha destacado que la ley incluye medidas como el número mínimo de efectivos para crear un grupo de Policía Local (4 personas), que regula la movilidad y flexibiliza el régimen de permutas o que elimina el requisito de estatura mínima.
Castilla-La Mancha eliminará el requisito de estatura mínima para ser Policía Local
El PP dice que la norma es «poco ambiciosa»
Miguel Ángel Rodríguez, diputado regional del PP, ha expuesto los motivos por los que su partido rechaza una norma que considera «corta y «poco ambiciosa» porque debería incluir «reformas de más calado».
Rodríguez se ha quejado de que el PSOE no haya aceptado las enmiendas del grupo popular que incidían en la necesidad de un marco retributivo homogéneo, un sistema de gestión común o en una Comisión de coordinación más plural con la presencia del sindicato SPL.
Cs afirma que «deja en el tintero» temas esenciales
Por su parte, David Muñoz, portavoz de Cs ha señalado que la modificación de la ley incluye aspectos muy positivos, pero que «deja en el tintero» asuntos esenciales que la necesidad de chalecos antibalas para los agentes o guantes anti-corte.
Muñoz ha especificado que la actualización de la ley «ni encara ni soluciona» asuntos relacionados con la gestión del personal o las condiciones laborales y ha sentenciado que «más que una reforma, parece un lavado de cara que no da satisfacción a las legítimas demandas del colectivo».