Entrevista de EP a Blanca Fernández

La Junta espera que la ley LGTBi se apruebe en 2020 y excluye a Vox para aportes en la redacción

La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha y consejera de Igualdad asegura que están dispuestos a hablar con todos los partidos políticos para la reacción del proyecto, salvo a Vox, porque si lo hacen "sería para recortar derechos". Además, Fernández no precisa sobre las cuestiones que hicieron que no se aprovase la ley en la pasada legislatura: la financiación de las operaciones de cambio de sexo y hormonar a los menores

Blanca Fernández, portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha. Foto - Ana Pérez Herrera / JCCM

La consejera de Igualdad, Blanca Fernández, ha mostrado su intención de abrir la redacción del proyecto de ley para la protección de los derechos de colectivo de Lesbianas, Gais, Transexuales, Bisexuales e Intersexuales (LGTBi) a los partidos políticos con representación en la región, pero excluyendo a Vox, y se ha mostrado confiada en que el texto vea la luz este próximo 2020.

En una entrevista con Europa Press, la responsable de Igualdad castellanomanchega ha explicado que el proyecto que redacta su departamento «asume toda la filosofía» de la proposición de ley que, en la pasada legislatura, presentó Podemos en las Cortes regionales.

«Pero el proyecto de Podemos era un corta y pega no demasiado bien elaborado ni trabajado con los colectivos. El Gobierno ha de contar con ellos y con los partidos políticos para que sea una ley muy consensuada», pues, según Fernández, Castilla-La Mancha es una de las regiones que adolece de esta normativa.

«Creo que, en principio, vamos a estar en buena sintonía con Ciudadanos y, ojalá pudiese ser así con el PP», ha expresado Fernández, que, de igual modo, ha hablado de integrar en la redacción a IU y Podemos, pero no a Vox. «No tenemos nada de lo que hablar con ellos y además sabemos que, si lo hacemos, sería para recortar derechos», ha lamentado.

A las Cortes tras el verano

Luego de expresar que su departamento está abierto a acoger lo que planteen los colectivos de cara a la redacción, «si prefieren reuniones individuales con cada uno de ellos o crear un grupo de trabajo», Fernández se plantea abordar esta fase de fabricación durante los primeros seis meses del año para, a partir de ahí, iniciar el trámite parlamentario oficial.

«Si todo va bien, en el primer periodo de sesiones de las Cortes, a la vuelta de verano, podríamos registrar este proyecto», ha señalado Fernández, que confía en que la ley vea la luz este 2020.

En cuanto a la memoria económica que debe acompañar a esta norma, tras precisar que a través del Instituto de la Mujer ya hay programas dirigidos «a evitar la discriminación al colectivo», ha defendido que la de LGTBi es una norma que viene a proteger derechos, más que a prestar servicios. «Por eso no es una ley que vaya a traer muchos gastos al Gobierno regional», ha zanjado.

En el aire los cambios de sexo y hormonar a menores

En conversación con Europa Press, y sobre la posibilidad de que el Sescam proporcione la reconstrucción genital a los transexuales, como recogía la Proposición de Ley de Podemos, la consejera de Igualdad, que ha precisado que hay que plantear las cosas de «manera sensata», ha explicado que el servicio sanitario no tiene una unidad especializada en cambio de sexo y que las personas «no son conejillos de indias».

«No se trata de dar buenos titulares para luego hacer malas operaciones. Hay que ser serios, y lo primero es analizar la capacidad del Sescam y ofrecer lo que seamos capaces de ofrecer con garantías», ha subrayado.

De igual modo, y preguntada sobre si la ley que elabora su departamento contempla que el servicio regional de Salud garantice tratamiento hormonal para las personas transexuales, en particular en el caso de los menores de edad, tal y como propuso la formación morada, Fernández ha asegurado que debería haber una unidad regional de referencia, y para ello su departamento va a abordar esta cuestión con el Sescam.

«Sobre si hay que hormonar o no a menores es una decisión médica, no política, que hay que trabajar de forma individual y en la que los políticos no tenemos nada que ver. Tienen que decidir las familias y los profesionales sanitarios», ha concluido.