El juzgado de lo Social número 3 de Ciudad Real ha condenado a la Consejería de Educación y a la Fundación Virtus por el despido de cuatro profesores de aeronáutica, quienes deben ser readmitidos e indemnizados con las nóminas que les adeudaban cuando fueron despedidos.
En la sentencia, de la que han informado hoy en conferencia de prensa el abogado defensor de los profesores, Luis Javier Fernández, en conferencia de prensa, condena a la Junta y la Fundación por «vulneración de los derechos fundamentales» de los cuatro profesores de formación aeronáutica.
La sentencia, contra la que cabe recurso extraordinario de suplicación, condena solidariamente a la Consejería de Educación y a la Fundación Virtus que, aunque no tiene patrimonio, sigue existiendo desde el punto de vista jurídico.
Ambas entidades están condenadas a pagar las once nóminas que se le adeudaban a los cuatro profesores hasta el momento del despido, más las nóminas del último año desde que se produjo el despido, además de los gastos de la Seguridad Social y los intereses, «lo que conllevará una cifra abultada con cinco ceros», ha calculado el abogado que, en cambio, no ha querido concretar una cantidad.
Por otro lado, la sentencia reconoce que hubo sucesión de empresas, lo que significa que los trabajadores tienen derecho a verse reintegrados con las mismas condiciones laborales que tenían antes de que la Consejería de Educación se hiciera cargo de los estudios de la Fundación Virtus.
Se da la circunstancia de que el ciclo superior de técnico de mantenimiento de aeronaves ya no se imparte, por lo que la Junta, según el abogado, deberá readmitir a estos cuatro profesores en el Instituto Virgen de Gracia, en el que estaba adscrita la Fundación Virtus, una readmisión que deberá producirse a pesar de que esas materias de aeronáutica ya no se estén impartiendo.
El abogado ha mostrado su sorpresa al manifestar que no se explica «cómo la Junta ha permitido que se pisotee la normativa más elemental en lo laboral y que haya podido actuar como cualquier empresario chusco, intentando escabullir los derechos laborales más básicos».
El abogado también ha lamentado que la Fundación Virtus, que «jurídicamente existe, por mucho que el Ayuntamiento de Puertollano quiera quitarse de en medio», ha mantenido una actitud de «escapismo y obstruccionismo».
Los cuatro trabajadores de la Fundación Virtus fueron despedidos por la Consejería de Educación en enero de 2012, después de reclamar las once nóminas que se le adeudaba y tras rechazar un contrato temporal y diferente ofrecido por la Consejería a los dos meses de que la Junta asumiera los estudios de aeronáutica que impartía con anterioridad la Fundación Virtus.
El abogado ha criticado que la respuesta de la Junta fue ofrecer a los profesores un contrato que «si lo hubieran firmado hubiera supuesto renunciar al contrato indefinido que mantenían con Virtus y renunciar a la demanda que venían haciendo», y que consistía en el pago de las nóminas anteriores.
Para el abogado, «la administración se ha comportado de manera mucho más arbitraria que el peor de los empresarios que se pudiera echar cualquiera a la cara».