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Esclarecidos varios delitos 23/03/2017junio 6th, 2017 - Madrid

La Policía Nacional ha detenido a 30 personas en una operación en la que se ha investigado a 39 empresas radicadas en varias provincias españolas, entre ellas Toledo, por presuntamente defraudar 10,5 millones de euros a la Seguridad Social mediante el impago sistemático de cuotas y el cobro indebido de prestaciones.

Entre los implicados se encuentran los administradores de las mercantiles y varias personas que colaboraron en el fraude, según informa la Dirección General de la Policía, que añade que al margen de los arrestados se han investigado a otras 27 personas.


Las investigaciones comenzaron el pasado junio tras ser detectadas irregularidades en varias empresas ubicadas en Murcia, Almería, Soria, Toledo, Madrid, Barcelona, Castellón, Alicante, Sevilla, Lugo, Badajoz, Cáceres y Valencia.

Se investigó a 39 mercantiles por el impago sistemático de las cotizaciones a la Seguridad Social tanto de las cuotas correspondientes a sus trabajadores como en las que le corresponde abonar a la propia empresa, afirma el comunicado.

Y se constató al mismo tiempo la nula voluntad de los empresarios en negociar con la Seguridad Social el pago de dichas obligaciones solicitando aplazamientos o fraccionamientos de pago, así como las incomparecencias sistemáticas de los responsables de dichas empresas a los distintos requerimientos y citaciones ante las distintas Inspecciones Provinciales de Trabajo y Seguridad Social.

Además, en alguna de estas empresas se detectó cómo habían sido dadas de alta varias personas, sin que realmente hubiese habido una relación real y efectiva con las empresas, y que dichas altas «ficticias» se llevaron a cabo con la finalidad de cobrar, por parte de trabajadores, la prestación por desempleo.

Hasta la fecha, los investigadores han esclarecido 10 delitos contra la seguridad social, 17 delitos de fraude de subvenciones, 4 delitos de frustración en la ejecución, 26 delitos de falsedades documentales, 4 delitos contra los derechos de los trabajadores, un delito de malversación de caudales públicos y otro de pertenencia a organización criminal. El fraude asciende a 10.597.837 euros.

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