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martes, 27 de septiembre de 2022
Francisco Martínez Arroyo, consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural.
Un fraude de 97 millones - 16 julio 2020 - Castilla-La Mancha

El consejero de Agricultura del Gobierno regional, Francisco Martínez Arroyo, ha destacado este jueves que «ninguna botella de vino en la que aparece la palabra ‘Castilla-La Mancha» se ha visto involucrada en la organización, que ha sido desmantelada, que fabricaba vino, licores y zumos adulterados, en la que estaban implicadas varias bodegas y alcoholeras de la provincia de Ciudad Real y que vendía al extranjero.

Se hicieron registros en empresas y domicilios particulares de Toledo, Ciudad Real y Madrid.


«Quien la hace, la paga»

En una rueda de prensa en la que ha presentado un convenio firmado entre la Fundación Tierra de Viñedos y la Interprofesional del Vino, Martínez Arroyo ha analizado esta operación, de la Guardia Civil y la Agencia Aduanera, en la que ha habido seis detenidos y, si bien ha apuntado que existe la presunción de inocencia, ha añadido: «Quien la hace, la paga».

Asimismo, que ninguna botella de vino que en su etiqueta lleve la palabra «Castilla-La Mancha» se ha visto vinculada en esta operación, lo que a su entender «es una garantía para los consumidores de vino de Castilla-La Mancha».

Martínez Arroyo también ha señalado que el Gobierno regional ha trabajado en plan de control de la trazabilidad y ha aumentado «enormemente» los controles en el sector vitivinícola, por lo que ha subrayado que este tipo de operaciones ponen de manifiesto que «la mayoría del sector cumple y que los controles funcionan».

«Que se conozca quiénes son»

Por su parte, el secretario de la Interprofesional del Vino, Alejandro García Gasco, ha asegurado que la operación «no es una mala noticia», sino que se traslada a la sociedad y al sector la idea de la importancia de la trazabilidad, que se exige al sector y se trabaja con las administraciones para «que se dé trazabilidad y claridad y se castigue a quien lo hace mal, a quien intenta cometer fraude».

Por ello, ha incidido en que «es una buena noticia» el desarrollo de esta operación antifraude en la elaboración de vinos ha confiado en que «el día de mañana se conozca quiénes son, para que se sepa quien lo hace mal y el consumidor lo sepa».

Así fue la operación destapada por la Guardia Civil

La operación se desarrolló de la siguiente forma:

Agentes de la Guardia Civil y funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, en el marco de una operación conjunta dirigida por el Juzgado de Instrucción número 2 de Tomelloso, han desarticulado en Castilla La Mancha una organización dedicada a la fabricación y comercialización de mosto, vino y alcoholes adulterados.

En el marco de las actuaciones se ha procedido a la detención de los dos presuntos cabecillas de la trama, junto con cuatro colaboradores, así como a la imputación de otros 27 miembros, por los delitos de organización criminal, relativos al mercado y a los consumidores, contrabando, falsedad contable y documental, estafa y blanqueo de capitales.

Utilizaban isoglucosa en lugar de mosto

La operación, denominada ‘Isolu’, arranca en septiembre de 2018 cuando Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Castilla La Mancha, y efectivos de Policía Judicial y Seprona de Guardia Civil en Ciudad Real, comienzan a investigar las prácticas comerciales de varias empresas de la región que estaban introduciendo materias primas para la elaboración de vinos y aguardientes que no se correspondían con las habituales.

En concreto, en lugar de mosto utilizaban la isoglucosa (jarabe de maíz y de otros productos, llegando incluso a utilizar mandioca) para fabricar el vino, y alcohol procedente de cereales (frente al alcohol vínico) para la elaboración de aguardientes y brandy.

Organización dirigida por empresarios del sector

De acuerdo con el resultado de las investigaciones, la organización estaba dirigida por varios empresarios del sector que utilizaban una compleja trama de personas y sociedades interpuestas, compuesta por más de 60 personas jurídicas, entre empresas reales, instrumentales y patrimoniales, en España, Holanda, Austria, Bélgica, Francia, Moldavia y Rusia.

En el caso de la isoglucosa, se transportaba directamente desde empresas productoras o almacenistas de Holanda y Bélgica hasta las bodegas españolas, documentando la venta a través de varias sociedades instrumentales nacionales y extranjeras que cambiaban la naturaleza del producto en sus facturas y ocultaban la identidad de los autores del fraude.

Cuando se recibía la isoglucosa se rebajaba y se fermentaba o se concentraba mezclada con productos vínicos. Este uso de la isoglucosa estaba destinado a abaratar costes y no para aumentar el grado alcohólico de forma artificial, llegando incluso la trama a disponer de laboratorios propios.

Alcohol rectificado que rebajaban y mezclaban

En el caso del alcohol, los responsables de la organización compraban el alcohol rectificado en depósitos fiscales de Rotterdam (Holanda), donde lo rebajaban y lo mezclaban para obtener resultados isotópicos compatibles con el vino.

A continuación, enviaban el producto hasta una fábrica de alcohol vínico colaboradora, donde se le añadían congéneres (químicos naturales) de vino, o se simulaba su envejecimiento para perfeccionar la adulteración como aguardiente o brandy. Todo ello también se facturaba a través de varias sociedades instrumentales con la misma finalidad de ocultación.

Registro en 11 establecimientos

Tras completar la fase de investigación, los pasados 24 y 26 de junio se procedió a la fase de explotación, con la entrada y registro por orden judicial en 11 establecimientos, incluyendo domicilios fiscales de las empresas afectadas, y domicilios particulares en localidades de Ciudad Real, Toledo y Madrid.

Con el apoyo de las unidades de auditoría informática (UAI) de la Agencia Tributaria se procedió a la recogida de numerosa documentación en soporte informático, además de documentos en papel y muestras de productos, así como a la intervención de nueve vehículos de lujo y dinero en efectivo.

Durante los registros se procedió también a la detención y puesta a disposición judicial de los dos presuntos jefes de la organización, colaboradores, testaferros instrumentales y otras personas conocedoras de la dinámica del fraude. Así mismo hay que destacar que durante uno de los registros se localizaron de forma casual, cuatro armas de fuego ilegales, dos armas de avancarga, un revolver y una pistola automática.

Actuaban en el mercado mayorista

En contra de los intereses generales, del mercado y de las reglas de la Política Agrícola Común (PAC), la organización actuaba en el mercado mayorista aumentando la oferta con los productos adulterados, bajando los precios, limitando la competencia y obteniendo un gran beneficio.

El coste de la isoglucosa es, aproximadamente, la mitad que el del mosto concentrado, y el del alcohol rectificado de productos no vínicos resulta hasta cuatro veces más barato que el aguardiente de vino.

Así, los beneficios del fraude, calculados a partir de las diferencias entre los precios medios de las distintas materias primas, se estiman en más de 78 millones de euros. Medido en términos de importaciones y exportaciones fraudulentas, el fraude se estima en 97 millones de euros.

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