El juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Cuenca ha incoado diligencias previas contra exresponsables del extingo Consorcio Cuenca 112 de la Diputación conquense, por un presunto delito de prevaricación administrativa, por el acuerdo marco para personal funcionario.

En un auto, el juzgado requiere a la Diputación de Cuenca que en un plazo de diez días le remita un informe sobre este acuerdo, que se publicó el 5 de febrero de 2016 en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

Las diligencias previas contra el presidente de la Diputación, Benjamín Prieto, así como otros exresponsables del desaparecido Consorcio, como Carlos Algaba y David Cuesta, se han abierto a raíz de una denuncia presentada por dos miembros del comité de empresa del extinto Consorcio, pertenecientes al sindicato UGT y en nombre de la Asociación de Bomberos Profesionales de la Provincia de Cuenca, según ha hecho público Izquierda Unida en redes sociales.

[ze_summary text=»Diputación: "No hemos recibido el auto"»]Diputación: "No hemos recibido el auto"[/ze_summary] 

Por su parte, la Diputación de Cuenca ha afirmado en un comunicado remitido a los medios que de momento no ha recibido ningún auto judicial y que desconoce, por tanto, el presunto delito que se imputa, así como los términos de la «supuesta denuncia».

No obstante, tras lo publicado por los medios de comunicación, la Diputación ha aclarado que el acuerdo marco del personal funcionario del Consorcio fue aprobado en enero de 2016, sin que nadie presentase ningún recurso en los meses siguientes, ni se hiciese ningún reparo por parte de la Abogacía del Estado.

«El acuerdo contaba con un informe que lo avalaba»

Asimismo, ha asegurado que el acuerdo «contaba con el informe técnico correspondiente que avalaba su contenido y, por ende, su aprobación por la Junta General del Consorcio de Bomberos Cuenca 112».

La Diputación de Cuenca ha indicado también que el acuerdo afecta a tres trabajadores, y que lo que contemplaba, entre otras cuestiones, eran que estos funcionarios pudieran disponer de un fondo social de hasta 300 euros anuales que, «ya disfrutaba el resto de personal del Consorcio desde el año 2000» y que estaba destinado a gastos sanitarios y sociales «debidamente justificados».