El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de dos años y seis meses de prisión impuesta a un funcionario del Ayuntamiento de Guadalmez por un delito continuado de falsedad en documento oficial, tras dar de alta de forma fraudulenta a su pareja, su expareja y su excuñada en la Seguridad Social como trabajadoras del consistorio.
Los hechos se produjeron entre julio y noviembre de 2016, cuando el empleado municipal, autorizado por su puesto para operar en el sistema RED de la Seguridad Social, cursó las altas como si las tres mujeres fueran trabajadoras del Ayuntamiento, pese a que no existía ninguna contratación real.
Las altas fueron detectadas como ficticias y anuladas por la Seguridad Social en agosto de 2017. No constó que las mujeres accedieran a prestaciones indebidas ni que conocieran la maniobra, por lo que fueron absueltas.
El funcionario recurrió la condena alegando que se trató de un error informático mientras realizaba prácticas con el sistema y solicitó una rebaja de la pena por drogadicción y dilaciones indebidas. El Supremo ha rechazado estos argumentos al considerar acreditado que el acusado utilizaba el sistema desde 2008 y que no existieron cambios técnicos que justificaran dichas prácticas.
Además, el Alto Tribunal ha subrayado que el funcionario llegó a generar nóminas de dos de las personas dadas de alta, aunque no se pagaron, lo que evidencia una actuación consciente y no un fallo puntual. La sentencia también reconoce que su capacidad cognitiva estaba levemente alterada, pero no hasta el punto de impedirle comprender la ilicitud de los hechos.
La condena había sido dictada inicialmente por la Audiencia Provincial de Ciudad Real, que ya apreció las atenuantes de drogadicción y dilaciones indebidas en su grado simple. Posteriormente, fue confirmada en apelación por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.
El Tribunal Supremo ha desestimado ahora el recurso de casación, al entender que la duración del procedimiento, iniciado en 2017, no alcanza el umbral necesario para considerar las dilaciones como muy cualificadas, y ha dejado firme la pena de dos años y medio de prisión, la inhabilitación especial para empleo o cargo público y una multa de diez meses.
