Un conjunto de organizaciones ha constituido la Plataforma por el Derecho a la Vivienda de Castilla-La Mancha, que nace para sumar capacidades, hablar con una sola voz ante las administraciones y exigir que la vivienda sea tratada como un derecho humano y no como un mero bien de mercado, según han explicado en un comunicado.
La integran siete colectivos
Integran la Plataforma, entre otros, el Sindicato de Inquilinos de Guadalajara, la Unión Popular de Inquilinos de Toledo, la Asamblea de Vivienda de Talavera, CCOO, Amnistía Internacional Castilla-La Mancha, la Red de la Economía Alternativa y Solidaria, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Toledo, la Plataforma 8M Toledo y varias plataformas de afectados por hipotecas.
La Plataforma reclama, entre otras medidas «urgentes», la estabilidad y asequibilidad de los alquileres, un incremento y un uso efectivo del parque público de vivienda, mecanismos de prevención y acompañamiento desde las primeras dificultades para mantener una vivienda y una ley de vivienda de Castilla-La Mancha que la reconozca como un derecho humano con todas sus garantías.
Según los datos que ha aportado esta Plataforma, Castilla-La Mancha reúne todos los síntomas de la crisis estatal de vivienda, incluido un parque social que apenas alcanza el 1,66% de las viviendas de la región; un 23% de vivienda vacía, nueve puntos por encima de la media estatal, y ninguna zona de mercado residencial declarada tensionada.
El alquiler se ha encarecido un 95,6% entre 2016 y 2026
El alquiler se ha encarecido un 95,6% entre 2016 y 2026, y un trabajador destina una media del 40% de su salario a un alquiler, porcentaje que supera el 50% en Guadalajara y Toledo, según el sindicato CCOO.
La Plataforma ha considera que la proposición de ley de medidas urgentes para la movilización de suelo, el impulso de la vivienda y la simplificación urbanística, que está en tramitación en las Cortes regionales, es un «parche» legal que «elude la necesidad de una verdadera ley de vivienda integral, competencia exclusiva de la Junta».
Al respecto, la Plataforma valora positivamente que la norma persiga incrementar el parque de vivienda social, con medidas como la protección permanente y una duración mínima de cincuenta años del régimen de alquiler de las viviendas de protección pública, pero critica que en su redacción actual «desprotege gravemente a las personas más vulnerables frente a desalojos administrativos».
«Discrecional e insuficiente»
Además, califica de «vaga, discrecional e insuficiente» la previsión de una moratoria que contempla esta proposición para casos «excepcionales de marcado carácter social» y subraya que la prevención ha de comenzar antes de que un conflicto habitacional desemboque en un desahucio o desalojo, con mecanismos de detección temprana, mediación, asesoramiento y acompañamiento.
Este nuevo colectivo también reclama un plan regional de movilización de vivienda vacía que incorpore al mercado residencial viviendas desocupadas junto con medidas de adquisición, rehabilitación y recuperación de vivienda existente.