El Consejo de Gobierno ha tomado en consideración el anteproyecto de Ley de Calidad Ambiental de Castilla-La Mancha, un texto que unifica y simplifica los trámites en las llamadas autorizaciones ambientales unificadas y que introduce por primera vez sanciones administrativas que pueden llegar hasta los 3,5 millones de euros.
Lo ha anunciado este martes la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, quien ha añadido que la norma busca actualizar la regulación ambiental autonómica, adaptar la normativa a la realidad actual del territorio y alinearla con la legislación europea y estatal en un único marco legal.
Gómez ha destacado que el futuro texto permitirá “reducir cargas burocráticas, mejorar la coordinación entre las distintas administraciones competentes y ofrecer una mayor seguridad jurídica a ciudadanos, ayuntamientos, empresas y entidades que desarrollan actividades con incidencia ambiental, favoreciendo una gestión más eficaz y transparente”.
El anteproyecto responde a algunos de los principales desafíos ambientales actuales, entre ellos la lucha contra el cambio climático, la mejora de la calidad del aire, la gestión sostenible de los residuos, la protección de los recursos naturales y la prevención de la contaminación.
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La Autorización Ambiental Unificada, principal novedad del anteproyecto
Entre las novedades más relevantes, Mercedes Gómez ha destacado la creación de la Autorización Ambiental Unificada (AAU), que permitirá integrar en un único expediente y una única resolución procedimientos que hasta ahora se tramitaban por separado. De esta manera, autorizaciones vinculadas a la gestión de residuos y a las emisiones atmosféricas podrán gestionarse conjuntamente, reduciendo tiempos de tramitación y evitando duplicidades administrativas.
Ha detallado que la AAU se va a conceder en un plazo máximo de cinco meses; las autorizaciones atmosféricas, en una resolución máxima de nueve meses; y las consultas preliminares tendrán un plazo de respuesta máximo de tres meses. Mientras, las licencias de las autorizaciones serán de ocho años, y sus renovaciones serán mediante declaración responsable.
Junto a esta medida, el anteproyecto incorpora nuevas herramientas de simplificación administrativa como las consultas preliminares, la renovación de determinadas autorizaciones mediante declaración responsable y procedimientos simplificados para determinadas actividades.
Refuerzo de la inspección, la vigilancia y la restauración ambiental
Otro de los pilares será el fortalecimiento de los sistemas de vigilancia, control e inspección ambiental. El anteproyecto incorpora mecanismos específicos para mejorar el seguimiento de las actividades con afección ambiental y garantizar el cumplimiento de la normativa.
Además, por primera vez se establece una regulación específica en ámbitos que carecían de un régimen propio, como los organismos de control de la atmósfera, la gestión de estiércoles en explotaciones porcinas o la protección de las zonas vulnerables a nitratos.
Asimismo, se revisa la clasificación de infracciones y las cuantías sancionadoras, diferenciando las conductas leves, graves y muy graves, con el objetivo de adaptarlas a la realidad actual y reforzar la capacidad de respuesta ante incumplimientos ambientales, garantizando que las medidas sean proporcionadas y eficaces para prevenir daños al medio ambiente. Las sanciones máximas alcanzarán los 3,5 millones de euros.
«Es una ley construida desde el diálogo y la participación, que incorpora las aportaciones de administraciones, agentes económicos, organizaciones sociales y ciudadanía para responder a las necesidades reales de Castilla-La Mancha», ha defendido la consejera.
A preguntas de los medios de comunicación, la consejera ha trasladado que el objetivo es que la ley esté aprobada en el primer trimestre de 2027, entrando en vigor 20 días después, si bien tiene que pasar antes por las Cortes de Castilla-La Mancha, previsiblemente antes de que acabe el año.
