La Plataforma para la Defensa de la Agricultura y Ganadería Ecológicas de Castilla-La Mancha retomará en febrero sus movilizaciones, para pedir que el Gobierno regional les de la información que solicitan para comprobar los fondos destinados a esta actividad en el Programa de Desarrollo Rural (PDR).
Así lo han avanzado hoy el secretario de la plataforma, Anastasio Yébenes, y los vocales Luis Olmeda y María Ángeles Rosado, en una rueda de prensa en la que han recordado que la pasada semana presentaron una denuncia ante la Comisión Europea para que investigue si se está cumpliendo la reglamentación comunitaria y pidieron amparo al Defensor del Pueblo por indefensión.
Yébenes ha explicado que han pedido una nueva reunión al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, a la que se había comprometido «sin que haya cumplido su promesa». Ha advertido: «Seguiremos en la lucha hasta que esto no se solucione, se lo recordaremos para que nos tengan presentes y no nos olviden».
Los representantes de la plataforma han apuntado que siguen esperando que se les facilite el expediente administrativo en el que se basó la Orden de la Consejería de Agricultura de marzo de 2016, que modificaba con carácter retroactivo la Orden de 2015, bajo la que firmaron los contratos con la administración.
Este expediente administrativo no les ha sido facilitado, ni tampoco al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM), a pesar de que lo ha pedido ya a la Consejería en tres ocasiones, después de que la plataforma presentara un recurso contencioso-administrativo contra la Orden de marzo de 2016, solicitando su nulidad
Tampoco se les ha facilitado a los 200 agricultores y ganaderos que han presentado un recurso de alzada contra la Orden a través de la Plataforma, que entiende que está en una clara situación de indefensión, ante la que han pedido amparo al Defensor del Pueblo, han indicado sus representantes.
Han señalado que el expediente administrativo es un documento clave para poder rebatir los argumentos de la Consejería de Agricultura para modificar la Orden de 2015, que ha dejado fuera de las ayudas a 3.297 agricultores y ganaderos ecológicos y ha reducido la cuantía a los que quedan entre un 40 y un 70 por 100.
Según los representantes de la plataforma, la Consejería de Agricultura no ha remitido al TSJCM ningún informe jurídico, ni de intervención y presupuestario, que justifique lo que está argumentando el consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, de que no se paga porque no hay dinero suficiente en el PDR destinado a la agricultura ecológica.
Por ello, han pedido a la Comisión Europea que investigue si el dinero del PDR destinado a la agricultura ecológica se está empleando correctamente o se está desviando a otras cuestiones que no deberían de financiarse con fondos de este programa.
Yébenes ha apuntado que el presupuesto del PDR 2015-2020 para Castilla-La Mancha es similar al del periodo anterior, por lo que no se entiende que haya una reducción drástica de las ayudas.
La plataforma entiende que hay dinero suficiente, aunque sospechan que es probable que se presupueste una cifra que no se corresponde con la que finalmente llega a la agricultura ecológica, para justificar un dinero que se destina a actividades que deberían financiarse con fondos propios.
«Se están presupuestando cantidades que no se van a pagar, porque han expulsado a un montón de gente, porque han recortado las ayudas hasta en un 70 por 100», ha aseverado Yébenes, que ha añadido: «Exigimos transparencia».
En este sentido, Rosado ha comentado que la Junta había presupuestado 67 millones de euros para agricultura ecológica en 2016, con el que se deberían haber pagado las ayudas solicitadas en 2015, pero en octubre solo se habían gastado 22 millones.
Según las propias cifras de la Consejería, «para pagarnos a todos los agricultores ecológicos que solicitamos ayudas con las cuantías de la Orden de 2015 se necesitarían 57 millones», ha aclarado Rosado, quién se ha preguntado: «Si usted tiene presupuestados 67 millones ¿Por qué no paga?».