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jueves, 11 de agosto de 2022
Fachada de la Audiencia Provincial de Toledo.
Hechos sucedidos entre 2011 y 2013 - 28 junio 2021 - Talavera

La abogada de la víctima de abusos sexuales presuntamente por parte de un cura de Talavera de la Reina (Toledo), María Victoria Vega, confía en que «por fin» se haga justicia en el juicio que comienza este martes en la Audiencia Provincial de Toledo.

Acusado de un delito continuado de agresiones sexuales en el despacho parroquial durante varios años en los que fue director espiritual de la víctima y de otro contra la integridad moral, el cura se sienta en el banquillo de los acusados desde este martes y hasta el jueves y se enfrenta a la petición de 17 años de cárcel por parte de la Fiscalía y de 22 años por parte de la acusación particular.


La abogada de la víctima mantiene que el Arzobispado de Toledo»lo ha ocultado»

La letrada de la acusación particular ha señalado, en declaraciones a Efe, que afronta este juicio «con muchas ganas», sobre todo por la dilación en el tiempo hasta llegar a este momento, ya que ha lamentado que les ha «costado mucho» llegar a este punto por la persona a la que se enfrenta.

Además, el Arzobispado de Toledo lo ha «tapado y ocultado» durante años, pese a que el Papa Francisco haya instado a luchar contra los abusos sexuales en el entorno eclesiástico.

Vega ha explicado que, después de «muchos esfuerzos», ha conseguido el apoyo de la Fiscalía tras comprobar que los abusos se habían producido, para lo cual han sido «claves» los informes periciales forenses tras evaluar a la víctima durante años y ver que «hay pruebas que no se pueden ocultar».

La defensa del cura asegura que «hay un móvil de venganza y celos inventado»

Por parte del acusado, su defensa sigue manteniendo «un móvil de venganza y celos inventado» que, a juicio de la abogada, es «imposible e incompatible» con las consecuencias que han tenido los hechos en la víctima en relación a una serie de episodios de autolesiones.

Por todo ello, Vega se ha mostrado confiada en que el cura procesado pueda ser condenado y «que pague por lo que ha hecho», al tiempo que ha pedido que se haga justicia «por las que callan y por las que no».

«Para mí no hay otro escenario posible», ha sentenciado la letrada, que ha augurado que la víctima -que no entrará en contacto en ningún momento con el acusado en el juicio- «va a declarar con toda la fortaleza del mundo», porque ahora se siente «más fuerte» e intenta «superarlo, continuar con su vida y que se haga justicia, aunque nadie borra nunca algo tan brutal y forma parte de sus heridas».

Abusos sexuales y un exorcismo

Los hechos que se juzgan a partir de este martes se remontan al año 2011, cuando la víctima, de 15 años en ese momento, vivía una situación de «angustia y confusión» derivada de la crisis matrimonial de sus padres, motivo por el que le designaron al acusado como director espiritual, llegando a convertirse en una «persona de referencia» para ella.

Así lo expone la Fiscalía en su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Efe, donde relata los abusos y agresiones sexuales a los que supuestamente sometió este sacerdote a la víctima entre enero de 2011 y junio de 2013, aprovechando su situación de «aislamiento familiar» para llevar a cabo «su comportamiento lascivo».

Narra, incluso, cómo el acusado y la madre de la víctima, con quien supuestamente mantenía una relación, la sometieron a un «exorcismo» para quitarle el «demonio» que tenía dentro y que, en una ocasión, «tuvo que ser atendida en el Hospital de Talavera» a causa de las agresiones.

La víctima tiene una serie de «padecimientos psiquiátricos» compatibles con «haber experimentado acontecimientos traumatizantes, como pueden ser los abusos-agresiones sexuales continuados en el tiempo, que la víctima vivió en soledad durante años en una situación de vulnerabilidad«, expone el fiscal.

Además de la pena de prisión, la Fiscalía quiere que se inhabilite al acusado para cualquier profesión u oficio que conlleve el contacto regular con menores, que se le someta a libertad vigilada durante 10 años y que se le prohíba durante 20 años comunicarse con la víctima, cuya «vulnerabilidad» ha tenido en cuenta para formular su petición.

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